El desarrollo de proyectos eólicos en La Guajira, un departamento clave para la generación de energía renovable en Colombia debido a sus condiciones climáticas ideales, enfrenta obstáculos significativos, poniendo en vilo las aspiraciones del país hacia una transición energética justa. La empresa Celsia, una filial del Grupo Argos Colombia, ha planteado la posibilidad de desinvertir en sus proyectos Acacia y Camelia debido a retrasos en la consultoría previa con comunidades locales y en la obtención de licencias ambientales. Este escenario no es exclusivo de Celsia, ya que Enel también pausó la construcción de su parque eólico Windpeshi en mayo de 2023. Estos reveses son emblemáticos de los desafíos que enfrentan 17 proyectos de energía renovable en La Guajira, de los cuales solo dos avanzan según lo previsto. El Ministerio de Minas y Energía destaca que el progreso promedio en el desarrollo de estos proyectos es menor al 30%, un ritmo que dificulta su finalización oportuna.
Le puede interesar: Nueva Esperanza para Tamá: Del Rescate al Retorno a la Libertad
En respuesta a estos contratiempos, el Ministerio de Minas y Energía ha presentado el proyecto de ley 343, buscando acelerar la transición energética en La Guajira mediante la simplificación de los procesos para obtener licencias ambientales y fortalecer la participación comunitaria en los proyectos. Sin embargo, esta propuesta ha despertado preocupaciones entre diversos sectores, quienes argumentan que acortar los tiempos para las licencias podría pasar por alto problemas sustanciales en el despliegue de estos proyectos, incluyendo la falta de claridad en la representación comunitaria, uno de los puntos críticos en las negociaciones previas.
La situación energética de La Guajira es paradójica: a pesar de su potencial para generar energías limpias, más del 85% de la población rural carece de acceso eléctrico adecuado. Además, enfrenta desafíos en el acceso a agua potable y en la calidad de la vivienda, problemáticas que se ven agravadas por la falta de infraestructura estatal y que las comunidades esperan sean abordadas como parte de los beneficios por alojar proyectos en sus territorios. Consecuentemente, la región, mayoritariamente habitada por pueblos indígenas, demanda un enfoque que respete sus derechos y participe activamente en el desarrollo de proyectos energéticos.
La propuesta legislativa aborda directamente estos desafíos, proponiendo medidas que agilicen los trámites para proyectos energéticos, fortalezcan la preparación de asesores comunitarios y mejoren el proceso de licenciamiento ambiental. Uno de los componentes claves del proyecto es la capacitación de asesores comunitarios para mejorar las negociaciones entre las empresas y las comunidades, abordando uno de los principales puntos de fricción: la fragmentación y la representatividad dentro de las comunidades indígenas.
Expertos como Joanna Barney de Indepaz y Christian Moreno, magíster en Eficiencia Energética, resaltan la importancia de abordar tanto los desafíos socioeconómicos como los procedimentales en La Guajira. Destacan la necesidad de una transparencia mayor en las políticas y decisiones, así como la relevancia de atender las demandas sociales de las comunidades afectadas, que ven en estos proyectos una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.
Le recomendamos leer: Nuevas Becas Fulbright/MinCiencias para Investigadores y Académicos en Colombia
