El Gobierno ha logrado establecer un acuerdo con seis comercializadoras de energía, lo que permitirá una significativa reducción de tarifas eléctricas en la región. Esta acción responde al mandato del presidente Gustavo Petro, quien otorgó a los ministerios de Hacienda y Minas y Energía un plazo de un mes para encontrar una solución viable. Las empresas que se han sumado al acuerdo incluyen Caribemar-Afinia, Grupo EPM, Air-E, CHEC, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Empresa de Energía del Quindío y Vatia, con el objetivo de disminuir las tarifas hasta en un 20%.
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El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, delineó los pasos esenciales para la implementación de este acuerdo, subrayando tres puntos clave:
1. Inyección de Recursos a las Empresas: A través de la banca pública, se entregarán recursos a las empresas comercializadoras para que puedan aplicar el descuento en las próximas facturas de los consumidores.
2. Propuesta Legislativa: El 20 de julio se presentará al Congreso de la República un proyecto de ley destinado a permitir que el Gobierno Nacional asuma la deuda relacionada con esta iniciativa.
3. Mesas de Trabajo Continuas: Se mantendrán mesas de trabajo con el objetivo de seguir explorando alternativas que faciliten la obtención de energía a precios más bajos y permitan ampliar los alivios tarifarios.
Según el ministro Camacho, este compromiso refleja la voluntad del Gobierno de seguir promoviendo la transición energética, mientras busca garantizar tarifas justas para todos los territorios.
Para leer el comunicado completo, referirse a: COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA - Acuerdo para la ruta de reducción de costos de las tarifas.
En una señal de apoyo financiero, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, anunció que las comercializadoras recibirán recursos de Findeter, bajo la modalidad de crédito con tasa compensada por el Gobierno Nacional y un periodo de gracia de un año. Esta operación, parte del Plan Nacional de Desarrollo, ya ha autorizado $1 billón, con otro billón pendiente de un decreto próximo a emitirse. La deuda total de opción tarifaria asciende a $4,7 billones, de los cuales $2,8 billones correspondientes a los estratos 1, 2 y 3 serán asumidos por el Gobierno.
El acuerdo implica que las comercializadoras deberán reducir de inmediato las tarifas, ofreciendo un alivio a los hogares afectados, especialmente en la costa Caribe. Mientras tanto, el Gobierno finalizará la propuesta legislativa para presentar al Congreso y asumir la deuda con Findeter.
El ministro Bonilla también aclaró que este acuerdo no aborda las pérdidas negras ni los costos de generación, que son factores adicionales que impactan las tarifas de energía. Sin embargo, mencionó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) está actualmente revisando los aspectos regulatorios relacionados con los costos de generación.
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