Gobierno nacional destina más de $800 mil millones para ajustar el presupuesto en salud de la vigencia 2022, dando cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional. La medida se orienta a garantizar la financiación de servicios, procedimientos y medicamentos no incluidos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
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La administración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la Resolución No. 0369 del 19 de febrero de 2025, reconoce como deuda pública de la Nación el monto de $819.667 millones. Este reconocimiento está directamente vinculado al ajuste de los presupuestos máximos determinados para el sistema general de seguridad social en salud.
El proceso responde al fallo emitido en el Auto 2049 de 2024, en el que el tribunal constitucional indicó la necesidad de reliquidar los recursos destinados al financiamiento de tratamientos de alto costo y baja frecuencia, tales como aquellos dirigidos a pacientes con enfermedades raras. La medida tiene como objetivo cumplir fielmente con lo ordenado por la judicatura.
La suma mencionada se ha clasificado como deuda pública y se asignará al pago de recursos administrados por la ADRES, entidad encargada de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La actualización del presupuesto de la vigencia 2022 se plasmará en el presupuesto general de la Nación para 2025.
El cronograma establecido para la entrega de estos recursos contempla la realización de cuatro giros durante el presente año. En detalle, se programan:
• Tres giros de $200 mil millones cada uno durante los meses de febrero, marzo y abril de 2025.
• Un giro final de $219.667 millones a efectuarse en el mes de mayo.
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