Gobierno impulsa proyectos de conectividad en zonas rurales con fuertes inversiones para mejorar la movilidad y comercialización de productos por medio de la inversión y mejora de caminos rurales.
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En un esfuerzo por potenciar el desarrollo rural y la eficiencia en la movilidad territorial, el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso programa para la mejora de caminos comunitarios. La iniciativa, enmarcada en el proyecto Caminos Comunitarios para la Paz, se ha traducido en una inversión acumulada que supera los 671 mil millones de pesos. Dichos recursos se han distribuido en dos vigencias: para el año 2023 se ejecutó un total de 243 mil 542 millones y, para el 2024, se han comprometido 427 mil 655 millones. Esta inversión busca fortalecer la infraestructura vial y garantizar que los productos agrícolas y manufacturados en zonas rurales alcancen, en condiciones óptimas, los centros urbanos y mercados de mayor trascendencia nacional.
El director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Carlos Montenegro Arjona, explicó durante la transmisión del programa institucional La Agenda los detalles y objetivos centrales de esta estrategia gubernamental. Durante dicho espacio, conectaron periodistas de distintas regiones del país –incluyendo Sucre, Magdalena, Boyacá, Atlántico, Cauca, Valle del Cauca y Bogotá– en un diálogo orientado a abordar las necesidades de conectividad y seguridad en los desplazamientos. La exposición se centró en la importancia de garantizar que la infraestructura vial facilite tanto el transporte de personas como el traslado de bienes, contribuyendo de forma directa al fortalecimiento de las cadenas productivas en las zonas agrícolas y rurales.
En el contexto de la ejecución de esta transformación en la conectividad, se han desarrollado diversas etapas para articular la demanda expresada por las comunidades locales. En el año 2023, las organizaciones de acción comunal del país presentaron un total de 29 mil solicitudes en las cuales se identificaron tramos de interés para la inversión en infraestructura vial. De ese total, se seleccionaron 26 mil postulaciones que, desde el punto de vista jurídico, estaban listas para la firma de convenios, lo que culminó en la formalización de 1.035 acuerdos comunitarios de paz total durante el segundo semestre del año. Esta estrategia ha permitido identificar y atender las necesidades específicas de cada territorio a través de un proceso participativo y transparente entre el Gobierno y las comunidades.
El programa se ha caracterizado por un alto nivel de ejecución de las obras comprometidas. Según el director de Invías, se ha alcanzado un avance promedio del 93 % en la ejecución de los convenios firmados. Los datos más recientes indican que 927 de los tramos objeto de inversión han sido mejorados, resaltando el compromiso en la entrega de resultados a nivel regional. Además, se ha destacado que 16 departamentos han completado el 100 % de la ejecución de sus proyectos, mientras que otros seis presentan un avance superior al 95 % y tres departamentos han alcanzado niveles de ejecución entre el 90 y el 95 %. Estas cifras reflejan la efectividad del modelo adoptado para priorizar y realizar inversiones en áreas que conectan zonas rurales con los principales ejes viales del país.
La estructura financiera de cada uno de los convenios firmados apunta a una inversión estimada de aproximadamente 200 millones de pesos por contrato, lo que ha permitido intervenir en la ampliación y rehabilitación de la placa-huella en segmentos que varían en longitud –120, 150 y hasta 220 metros–, atendiendo a las condiciones específicas de cada sector. Esta modalidad de financiamiento y ejecución se ha integrado con una estrategia que involucra tanto a organismos de acción comunal como a comunidades indígenas y a las poblaciones identificadas como afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. A modo de resumen, los grupos beneficiados y las inversiones contempladas se pueden clasificar en la siguiente lista:
• Organismos de acción comunal: 1.035 convenios de paz total en 2023 y 1.041 en vigencia 2024.
• Comunidades indígenas y NRAP: 84 convenios administrativos firmados para 2024.
• Inversión total: Más de 671 mil millones de pesos, distribuidos en dos períodos.
• Segmentación de la obra: Intervenciones en placas-huella de diferentes longitudes según necesidades locales.
La ampliación del programa para el año 2024 ya ha registrado la firma de nuevos acuerdos, estableciendo 1.041 convenios con organizaciones de acción comunal, además de 84 convenios administrativos con comunidades indígenas y grupos identificados con la diversidad étnica y cultural del país. En la actualidad, 260 de estos nuevos contratos ya se encuentran en ejecución, con el proceso de implementación iniciado entre octubre y noviembre del año anterior. Esta continuidad en la ejecución resalta el compromiso sostenido del Gobierno en asegurar que la inversión destinada al fortalecimiento de la infraestructura vial se canalice de manera efectiva y llegue a cada uno de los territorios beneficiados.
Además de los caminos comunitarios, el Invías ha puesto en marcha un modelo innovador de obras público-públicas que busca dinamizar la competitividad departamental y mejorar la conectividad regional, con un enfoque en la economía local. En este marco, se han implementado tres iniciativas convergentes en la estrategia general: Vías del Samán, Vías de la Cigarra y el programa Reactivación 2.0. Cada uno de estos proyectos apunta a transformar de manera integral la red vial en regiones estratégicas, incrementando las oportunidades de empleo y facilitando el acceso a mercados internos y externos. La siguiente lista resume las características principales de estos programas:
• Vías del Samán:
- Cobertura: Territorios de Risaralda y Valle del Cauca.
- Proyectos: Siete proyectos con una inversión total de 1,2 billones de pesos.
- Impacto: Generación de 7 mil empleos en la región.
• Vías de la Cigarra:
- Participantes: Invías, Findeter, Gobernación de Santander, Alcaldía de Bucaramanga, y municipales de Lebrija y Rionegro.
- Objetivo: Transformar la red vial que conecta el centro del país con la zona industrial de Bucaramanga.
- Inversión: Proyección de 700 mil millones de pesos hasta el 2046 y generación de 900 empleos.
• Reactivación 2.0:
- Modalidad: Proyectos avanzados con contratos bajo vigencias futuras.
- Alcance: Enfocado en corredores de diversa relevancia para la conectividad local y regional.
- Ejemplos: Corredores como Valledupar–La Paz (Cesar), El Cauchal–Sucre (Sucre) y otros en Magdalena y el área de Tumaco en Nariño.
El enfoque del Gobierno para la ejecución de estos programas radica en responder a las necesidades específicas de cada territorio en materia de conectividad y desarrollo económico. La estrategia adoptada involucra un detallado diagnóstico previo que identifica los tramos críticos que requieren inversiones para garantizar el traslado seguro y eficiente de productos y personas. Este proceso fomenta la participación activa de las comunidades locales, quienes a través de sus organismos de acción comunal han sido determinantes en la identificación de los sitios que más requieren recursos y atención. El planteamiento se basa en el fortalecimiento de los lazos interadministrativos y en el aprovechamiento de sinergias entre el sector público y las comunidades, asegurando que las inversiones se orienten hacia los sectores que muestran mayor potencial para el desarrollo regional.
La logística e implementación de estas obras ha sido planificada de forma detallada, considerando criterios técnicos y jurídicos que permiten que cada proyecto se adapte a la realidad del territorio involucrado. El análisis y validación de las postulaciones recibidas por los organismos locales han garantizado que las inversiones se efectúen en áreas de alto impacto en la calidad de la conectividad. Así, las autoridades han trabajado en estrecha colaboración con las comunidades para revisar y ajustar los proyectos, asegurando que se respeten los lineamientos legales y técnicos establecidos, sin dejar de lado la relevancia que cada territorio merece en el marco de un crecimiento económico sostenible y equilibrado.
En términos generales, el avance de estos proyectos representa una apuesta clara por la transformación de la infraestructura vial en Colombia, orientada a consolidar una red de transporte que atienda de forma integral las necesidades de movilidad en zonas rurales y urbanas. La inversión en caminos comunitarios y obras público-públicas se posiciona como una estrategia de largo plazo, cuyo diseño y ejecución se sustentan en la transparencia y en la articulación de esfuerzos entre el Gobierno y los diversos actores locales. Este enfoque busca no solo resolver problemas estructurales de conectividad, sino también generar un impacto positivo en la productividad y competitividad.
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