El reciente encuentro entre el Gobierno colombiano y líderes de comunidades mineras y campesinas marca un hito en la búsqueda de una minería más formalizada y sostenible. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezado por la ministra Susana Muhamad, ha establecido una ruta de trabajo para cumplir con los compromisos asumidos el 25 de octubre de 2024, tras intensas negociaciones en el Bajo Cauca antioqueño.
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Durante estas conversaciones, que se prolongaron por 36 horas, se logró un consenso crucial que puso fin al paro minero nacional. Este acuerdo no solo resuelve un conflicto inmediato, sino que también sienta las bases para un futuro más sostenible en regiones clave como el Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Valdivia, Sur de Córdoba, Marmato (Caldas) y Santander.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, destacó que el pacto incluye mecanismos para la formalización de la minería, la restauración ecológica y la promoción de prácticas sostenibles y descarbonizadas. Estas iniciativas están enmarcadas dentro del proyecto del Distrito Agrominero y Pesquero del Bajo Cauca, que busca integrar la minería y la agricultura de manera armoniosa.
El acuerdo, gestado entre el Gobierno del Cambio y la Coordinadora Nacional Minera, aborda diez puntos esenciales. Estos incluyen una estrategia para diferenciar entre minería formalizable y la extracción ilícita de minerales, un paso crucial para la regulación del sector minero.
Paralelamente, el pacto alcanzado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y representantes del movimiento campesino reforzó el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos y la necesidad de ordenar el territorio en torno al recurso hídrico. Este enfoque apunta a una gestión integral y justa de los recursos naturales.
La viceministra de Ambiente, Lilia Tatiana Roa, subrayó la creación de una reserva temporal en el páramo de El Almorzadero. Este paso es fundamental mientras se espera una determinación judicial en el proceso de delimitación participativa, y busca proteger esta área de la minería ilegal y de la expansión agrícola indiscriminada.
Lo más destacado de este proceso es el compromiso con la protección de ecosistemas únicos y la garantía de acceso al agua, un recurso vital para las comunidades y su entorno. Este pacto social con el campesinado del nororiente colombiano representa un avance significativo en la protección de la biodiversidad.
En conclusión, estos acuerdos representan un esfuerzo conjunto entre el gobierno y las comunidades para abordar desafíos ambientales y socioeconómicos. Con una ruta clara, el objetivo es construir un futuro más equilibrado y sostenible, respetando siempre los derechos de las comunidades involucradas y el entorno natural que las rodea.
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