El reciente acuerdo alcanzado entre el gobierno colombiano y seis concesiones viales marca un hito en la gestión temporal de las tarifas de peaje. En un contexto económico desafiante, el presidente Gustavo Petro destacó la importancia de este logro a través de su cuenta en la red social X. Petro reconoció la colaboración de los concesionarios al aceptar la propuesta gubernamental de limitar el aumento de tarifas a un 2,8 %, desafiando las disposiciones contractuales firmadas en 2014 que contemplaban incrementos más pronunciados en ciertos períodos.
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Este esfuerzo de concertación fue liderado por la ministra de Transporte, Constanza García Alicastro, quien dio a conocer los detalles del acuerdo tras reunirse con representantes del sector. Durante los próximos seis meses, los usuarios de ocho peajes estratégicos no se verán afectados por los aumentos previstos originalmente. Estos peajes son claves en las rutas de Fusca - Chía, Los Andes, Unisabana en Bogotá, El Placer en la vía Rumichaca–Pasto, Cisneros en Antioquia, Carmen de Bolívar, la Autopista al Mar, y la Transversal del Sisga–Machetá en Cundinamarca.
La ministra García Alicastro explicó que las revisiones de tarifas estaban definidas bajo normativas y resoluciones establecidas hace años, formando una parte fundamental de las estructuras de ingreso de las concesiones. Con cada concesionario, se evaluaron las condiciones específicas de los peajes involucrados para llegar a un consenso que facilite la suspensión temporal de los incrementos. Además, se ha planteado la necesidad de continuar el diálogo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante el periodo de congelación, con el fin de buscar soluciones sostenibles a largo plazo.
Un aspecto relevante del acuerdo es que, aunque la mayoría de los contratos se firmaron entre 2014 y 2015, la concesión de Accesos Norte II se estableció más recientemente, en 2021. Este contrato también ha sido incluido en las negociaciones para asegurar una implementación uniforme de la medida. Las tarifas y su estructura fueron delineadas en el marco de la Ley 105/93, estableciendo los incrementos como parte esencial del cierre financiero de los proyectos viales.
A partir de este acuerdo, se redactará un acta conjunta entre la ANI y cada concesionario, formalizando la suspensión de los incrementos a través de la correspondiente resolución. Este procedimiento administrativo busca asegurar que la medida tenga un respaldo legal, permitiendo así una ejecución ordenada en las casetas de peaje afectadas.
La decisión no solo busca aliviar momentáneamente el bolsillo de los ciudadanos, sino que también responde a un marco normativo más amplio, establecido en el Decreto 050/23, que intenta alinear los ajustes tarifarios con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A través de esta regulación, el Ministerio de Transporte espera establecer un camino hacia la "normalización" de estos incrementos, reconsiderando cómo se aplican en función de la dinámica económica actual.
En la cúspide de estas negociaciones están 22 peajes en 12 proyectos estratégicos que el gobierno pretende revisar, buscando concretar acuerdos sobre sus tarifas. La revisión de estos peajes permitirá revaluar no solo los incrementos, sino también otros aspectos relacionados con la instalación de nuevos puntos de cobro y las proyecciones de demanda, planteando un enfoque integral hacia las concesiones vigentes.
Finalmente, la ministra García Alicastro subrayó la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de las concesiones del periodo 2014–2015. La revisión de los contratos actuales y sus modelos financieros podría ofrecer una oportunidad para replantear la forma en que se manejan las tarifas de peaje en el país, creando un ambiente más equilibrado para todas las partes involucradas. Este enfoque colaborativo refleja un esfuerzo por mantener un diálogo abierto con las concesiones, buscando soluciones que beneficien tanto a los usuarios como a los operadores.
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