Una serie de intervenciones estratégicas en la región del Catatumbo, Norte de Santander, han permitido el debilitamiento de la infraestructura del narcotráfico, en cumplimiento de la directriz establecida por el presidente Gustavo Petro Urrego. La acción, coordinada por el Ministerio de Defensa, se enmarca en la búsqueda del restablecimiento del orden y la seguridad en una zona históricamente conflictiva.
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En el transcurso de los operativos, las fuerzas militares han logrado destruir un total de 45 instalaciones enfocadas en el procesamiento de productos derivados de la coca. De este total, 36 se identificaron como plantas clandestinas dedicadas a la elaboración de pasta de coca, mientras que nueve corresponden a laboratorios orientados a la síntesis de clorhidrato de cocaína.
El desarrollo de esta ofensiva ha sido diseñado para enviar un mensaje contundente a organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, destacando que la desmovilización y el retorno a la legalidad son alternativas para quienes formen parte de estas agrupaciones. La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia orientada a restablecer la presencia del Estado en territorios afectados por el conflicto y el narcotráfico.
Dentro de las acciones complementarias, la operación ha logrado avances importantes en términos de desarme y captura de individuos involucrados en la actividad ilícita. Entre los aspectos destacados se encuentran los siguientes datos:
• 110 personas han entregado sus armas.
• 30 menores de edad han sido rescatados.
• 24 individuos fueron detenidos durante las operaciones.
• Se informó el fallecimiento de 2 sujetos en enfrentamientos directos.
El operativo también incluyó la confiscación de un significativo arsenal, entre el cual se contabilizan:
• 120 fusiles.
• Más de 60 pistolas.
• Aproximadamente dos toneladas de explosivos.
• Cerca de 600 minas antipersona.
• Más de 50 cartuchos de munición.
En el ámbito del despliegue militar, el Ejército ha sumado 1.150 soldados adicionales, completando un total de 9.500 uniformados en la zona, entre los cuales se integran 450 miembros especializados en operaciones especiales. Este robusto contingente refuerza la capacidad de respuesta frente a las actividades delictivas en la región.
Por su parte, la Policía Nacional ha reforzado su presencia en el área de conflicto con 500 efectivos, incluidos integrantes de los comandos Jungla y del Comando de Operaciones Especiales (COPEs). Además, equipos reforzados del grupo Vida de la policía judicial.
El Ministerio de Defensa trabaja en nuevas operaciones militares en la zona con el objetivo de que las comunidades desplazadas retornen a sus hogares.
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