En un operativo enfocado en la protección ambiental, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva de suspensión inmediata de vertimientos a tres empresas avícolas ubicadas en el municipio de Granada. Esta acción se tomó tras evidenciar descargas directas de residuos sobre el suelo y cuerpos de agua aledaños.
Denuncias ciudadanas por olores y vectores llevan a la intervención
La medida preventiva se hizo efectiva en cuatro predios utilizados por las tres empresas para la operación avícola y la disposición de residuos producto del sacrificio de aves. La intervención de la autoridad ambiental fue motivada por las denuncias ciudadanas recibidas en la dirección regional Sumapaz. Los ciudadanos se quejaban por la generación de malos olores y la aparición de vectores en la zona de operación.
Según la directora regional Sumapaz de la CAR, Érika Álvarez, los técnicos venían realizando un seguimiento constante al caso. Durante la más reciente visita técnica, el equipo evidenció el vertimiento directo de aguas residuales sobre el suelo, observando incluso signos de saturación en el terreno.
La inconsistencia crítica: La PTAR no está conectada al alcantarillado desde 2024
Aunque el personal que atendió la visita técnica indicó que todas las aguas residuales eran conducidas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la empresa avícola para ser posteriormente descargadas a la red de alcantarillado del municipio, la CAR encontró una inconsistencia crucial. La conexión de dicha planta a la red de alcantarillado se encuentra suspendida desde el año 2024, lo que deja sin claridad la disposición final real de los residuos líquidos.
Suspensión inmediata y posible denuncia penal por daño ambiental
La suspensión inmediata afecta los vertimientos resultantes de la actividad de beneficio animal. El incumplimiento de esta medida preventiva conlleva graves implicaciones, tanto a nivel administrativo, dentro del trámite sancionatorio ambiental, como a nivel penal. Por ello, la Dirección Jurídica Ambiental de la Corporación evaluará si es pertinente instaurar una denuncia por daño ambiental ante la Fiscalía General de la Nación.
