La tranquilidad habitual de Chía, en Cundinamarca, se vio alterada tras la captura de un joven estudiante acusado de implementar un sistema de extorsión dentro de su colegio. El adolescente, ahora bajo custodia, había estado exigiendo a sus compañeros el pago de una cuota mensual bajo amenaza de muerte.
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Este episodio sorprendió profundamente a la comunidad local, revelando una preocupante realidad que podría estar latente en otras instituciones educativas. La colectividad se pregunta ahora sobre el ambiente de seguridad en el que sus hijos reciben formación.
La detención del menor se logró gracias a un operativo en el que las autoridades lo capturaron mientras recibía dinero, supuestamente producto de sus coacciones. Las evidencias apuntan a que el adolescente había instaurado un sistema de cobro regulado, con el fin de evitar agresiones a sus compañeros.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las amenazas comenzaron a circular el 30 de mayo de 2024, generando pánico entre los estudiantes afectados. Los mensajes intimidantes se propagaron rápidamente, sembrando el temor entre los jóvenes y sus familias.
El operativo fue ejecutado con precisión por el grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, en colaboración con el Gaula, después de que una víctima decidiera romper el silencio y denunciar la situación. La valentía de este estudiante permitió la intervención de las autoridades.
Tras el arresto, el joven fue llevado ante un juzgado penal municipal con función de control de garantías para adolescentes, donde enfrentó cargos formales por extorsión agravada. La investigación continúa para determinar si hubo otros cómplices o víctimas.
La comunidad educativa de Chía se enfrenta ahora a la reflexión y a la necesidad de implementar medidas preventivas que garanticen la seguridad de los estudiantes. Este caso ha abierto un debate sobre la importancia de establecer entornos seguros y de confianza dentro de las instituciones escolares.
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