En una acción sin precedentes, la Procuraduría General de la Nación ha lanzado una exhaustiva investigación disciplinaria que involucra a altos cargos del sistema penitenciario nacional, poniendo el foco sobre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), específicamente su director, Ludwing Joel Valero Sáenz. Esta medida surge tras evidenciarse posibles incumplimientos graves en el contrato de alimentación para los internos de una de las principales prisiones del país: la cárcel La Picota de Bogotá.
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Las implicaciones de estos posibles fallos contractuales tienen vastas repercusiones, afectando no sólo la gestión de la Uspec sino también la integridad del sistema penitenciario en su compromiso con la salud y bienestar de la población carcelaria.
La investigación se amplía a Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, quien ocupaba el cargo de directora general encargada de la Uspec en el momento de la firma del contrato cuestionado. Ella, junto con el señor Valero Sáenz, tiene la prerrogativa de presentar su versión de los hechos de forma voluntaria.
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