La Escuela Normal Distrital María Montessori, ubicada en Bogotá, se encuentra bajo el escrutinio de la Procuraduría General de la Nación debido a una investigación en curso por un presunto caso de acoso escolar que involucra a un menor de edad.
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El Ministerio Público está indagando si Andrés Alonso Hortua, rector de la institución educativa, junto con otros funcionarios, "cumplieron con los protocolos y medidas de protección establecidos" para abordar la denuncia sobre los episodios que el niño habría sufrido.
Según declaraciones del 8 de septiembre, el objetivo es esclarecer los hechos del presunto acoso escolar que sufrió el menor dentro de la institución. Los incidentes en cuestión incluyen agresiones físicas, golpizas y abuso sexual por parte de sus compañeros, según la denuncia.
Además de reevaluar si "los servidores públicos evitaron o atendieron oportunamente al menor al tener conocimiento de lo denunciado por su familia", la investigación se extiende a varios miembros del personal de la escuela.
La Procuraduría también revisa si las medidas adoptadas por estos funcionarios fueron adecuadas y en conformidad con las normas establecidas para proteger y asistir al niño afectado.
En un contexto más amplio de cómo abordar el acoso escolar, el Ministerio de Justicia, a través de su portal LegalApp, sugiere tres métodos principales para denunciar estos casos:
1. Informar a los docentes y directivos del colegio. Las directivas y docentes tienen la responsabilidad de buscar formas efectivas de solucionar las circunstancias generadoras de acoso escolar mediante el diálogo y la conciliación.
2. Acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las Defensorías de Familia o Comisarías de Familia pueden intervenir en estas situaciones.
3. Buscar a la Policía de Infancia y Adolescencia. En casos de amenazas o agresiones físicas que comprometan la vida de la víctima, se recomienda este recurso.
Esta investigación pone un foco en la importancia de seguir los protocolos adecuados en situaciones de acoso escolar y la responsabilidad que tienen los directivos y docentes en proteger a los estudiantes.
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