La reciente difusión de un video que muestra agresiones violentas contra una mujer indígena en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en la capital, ha puesto bajo escrutinio los casos de violencia dentro de la comunidad Embera. Las autoridades competentes han respondido rápidamente, destacando la gravedad de la situación y la necesidad de medidas urgentes.
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La Personería de Bogotá, en un comunicado oficial, exigió una respuesta inmediata de la Alcaldía y acciones concretas de la Comisaría de Familia. En particular, la Personería denunció enérgicamente la agresión perpetrada por un líder indígena contra la mujer víctima. Esta entidad anunció la creación de una agencia especial que actuará como Ministerio Público en el proceso penal que la Fiscalía 277 local lleva a cabo por el delito de violencia intrafamiliar.
El impactante video muestra al agresor, miembro de la comunidad, golpeando repetidamente a la mujer. La grabación inicia con la víctima en el suelo, mientras el agresor la patea y la golpea en la cabeza, todo esto en presencia de un niño que, sin inmutarse, continúa jugando con un teléfono móvil. La divulgación de este metraje ha desatado una oleada de indignación pública, subrayando la necesidad de acciones urgentes para prevenir y sancionar la violencia de género.
Como respuesta a esta situación, el ente de control ha solicitado a la Comisaría de Familia que garantice protección integral para la mujer agredida y sus cinco hijos, quienes son sujetos de especial protección constitucional. Además, se ha pedido el desalojo inmediato del líder indígena responsable de la agresión.
La Personería Distrital destacó que, durante el primer semestre de 2024, ha intervenido en 5.636 procesos para proteger y defender los derechos de mujeres víctimas de violencia. También mencionó la creación de 8 agencias especiales dedicadas a atender casos de violencias contra la mujer, asegurando la intervención del Ministerio Público Distrital en estas situaciones.
Además de los sucesos en la UPI La Rioja, la situación en el parque Nacional agrava la preocupación. Allí, se han reportado casos de vulneración de derechos de niños y niñas indígenas. Recientemente, menores de edad han solicitado personalmente protección y el restablecimiento de sus derechos.
El 19 de agosto, el equipo del Puesto de Mando Unificado (PMU) del Parque Nacional recibió una solicitud de ayuda de una niña de 11 años de la comunidad Embera, quien pidió ser trasladada a los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Su hermano, también de 11 años, hizo una solicitud similar mencionando situaciones de pobreza y violencia física. Mientras la niña fue llevada al ICBF, el niño optó por quedarse en el parque.
Para evitar situaciones de violencia similares, la Secretaría de Integración Social ha tomado medidas como la preinscripción de niños y niñas Embera asentados en La Rioja para que puedan acceder a servicios que atienden a menores en contrajornada del colegio o jardín infantil, con el objetivo de prevenir riesgos de trabajo infantil y mendicidad.
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