El tercer Comité Ampliado del departamento de Cundinamarca aprobó un ambicioso Plan Integral de Prevención de Violaciones de los Derechos Humanos y de Infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Esta iniciativa se perfila como un modelo de coordinación y supervisión en la política pública de víctimas.
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El plan busca unir esfuerzos en la planificación y ejecución de acciones, enfatizando la corresponsabilidad de Cundinamarca en las etapas de retorno y reubicación de las víctimas. La reunión también resaltó la presentación de la Fuerza Pública, que ofreció un análisis de seguridad enfocado en la protección de las víctimas, respondiendo así a las exigencias actuales de seguridad y derechos humanos en el contexto de la justicia transicional.
La intervención del gobernador Jorge Emilio Rey destacó la atención a las comunidades indígenas con un capítulo especial que aborda sus necesidades. La Unidad Nacional de Tierras, que ha sido un elemento clave en el Comité, informó sobre los avances en la reubicación de estas comunidades, reforzando la política pública en este ámbito específico.
El evento fue testigo de la participación activa de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, entidades fundamentales en la defensa de los derechos de las víctimas. Durante la jornada, representantes de las víctimas comunicaron sus preocupaciones y retos, especialmente en la implementación del Plan de Acción Territorial (PAT), instrumento vital para su reparación integral.
Alcaldes de los 116 municipios del departamento fueron parte del diálogo, escuchando y manifestando las necesidades específicas de sus territorios. Esta interacción es crucial para alinear la oferta de servicios y programas con las realidades locales y facilitar la participación de las víctimas en los procesos administrativos disponibles.
La reunión destacó la importancia de la colaboración interinstitucional y el diálogo continuo entre las autoridades y las comunidades afectadas. Así, la justicia transicional en Cundinamarca avanza a través de un enfoque integral que responde a las necesidades de reparación y protección de los derechos humanos.
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