En las últimas semanas, la pequeña localidad de La Calera, situada en las cercanías de Bogotá, ha sido el epicentro de una controversia que ha capturado la atención de los ciudadanos y de las autoridades ambientales. La discusión se centra en la gestión del recurso hídrico por parte de Coca-Cola, que ha estado utilizando agua subterránea del área desde 1983, una época en la que las preocupaciones por la sostenibilidad del agua no eran tan prominentes. La Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca ha estado realizando visitas a las comunidades locales para escuchar sus puntos de vista y evaluar la situación de primera mano.
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La situación se ha vuelto crítica debido a los racionamientos de agua en La Calera y Bogotá, los cuales pueden durar hasta 48 horas. Este desabastecimiento se debe principalmente a la insuficiente captación de agua por parte de las quebradas locales, entre ellas la quebrada San Lorenzo y el embalse de San Rafael, fuentes vitales de agua manejadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
El director de la CAR, Alfred Ballesteros, ha aclarado que la concesión de Coca-Cola, que extrae agua de siete aljibes situados en áreas montañosas, no impacta las reservas del embalse de San Rafael. Este punto ha sido un foco de desinformación en redes sociales, donde se ha especulado sobre el impacto de la actividad de Coca-Cola en el suministro de agua para Bogotá.
En 2014, la CAR redujo la cantidad de agua que Coca-Cola podía extraer de 7,6 litros por segundo a 3,23 litros por segundo. Ballesteros ha enfatizado que este ajuste fue una medida para asegurar un uso más sustentable del recurso sin comprometer el suministro para la población local. Durante visitas recientes a las veredas Buenos Aires y Santa Helena, cercanas a las instalaciones de Coca-Cola, Ballesteros verificó el impacto ambiental de las operaciones de la empresa y recogió las opiniones de los habitantes.
Asimismo, las comunidades y autoridades de La Calera no han manifestado oposición a la operación de la empresa, lo que sugiere una coexistencia relativamente armoniosa entre la industria y la población local. Sin embargo, en respuesta a las condiciones cambiantes, se está llevando a cabo un estudio hidrológico para evaluar si los recursos hídricos disponibles son suficientes para satisfacer la demanda actual del municipio.
Un punto de tensión ha surgido en medios digitales, donde se ha difundido información errónea sobre el impacto de las concesiones de agua en el suministro de Bogotá y la implicación del alcalde Carlos Fernando Galán en la junta directiva de Coca-Cola. Galán ha aclarado que Bogotá no tiene control sobre las concesiones hídricas en La Calera y ha desmentido cualquier relación con Coca-Cola, amenazando con acciones legales contra los responsables de la desinformación.
El contrato de concesión de agua de Coca-Cola está próximo a vencer en diciembre, lo que coloca a las autoridades en Cundinamarca ante la decisión de renovar o modificar los términos del acuerdo. Este dilema resalta la importancia de la gestión cuidadosa de los recursos naturales en medio de crecientes presiones ambientales y sociales.
La próxima semana se esperaría un anuncio oficial de la CAR respecto a esta situación, lo cual podría definir el curso de acción para los próximos años. Entre los aspectos que se evaluarán se encuentra el balance entre el uso del agua para actividades industriales y las necesidades básicas de la población, asegurando un abastecimiento justo y sostenible.
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