La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) emprendió un proceso sancionatorio a raíz de una denuncia presentada por la comunidad de la vereda Busca Vidas, en el municipio de Nariño, Cundinamarca. La investigación se centra en la tala de más de 300 árboles en un predio que, supuestamente, se encontraba destinado a la implementación de un cultivo de índole comercial.
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Los hechos fueron detectados tras la alerta emitida por habitantes locales, preocupados por la presencia de una actividad que, al parecer, buscaba limpiar un terreno para fines económicos sin contar con las autorizaciones necesarias. La situación llamó la atención de profesionales de la Dirección Regional Alto Magdalena, quienes acudieron al lugar para evaluar la magnitud del impacto ambiental.
Durante la visita técnica, se constató que la tala afectó un área total de 7.197 metros cuadrados, en la que se eliminaron aproximadamente 304 árboles. La remoción no solo incluyó la tala directa, sino también la práctica de anillado en algunos ejemplares, evidenciando que la actividad se realizó sin la planificación o permisos otorgados por la autoridad competente.
La inspección documentó la presencia de especies tales como pela, diomate, guacimo negro y neem, resaltando la diversidad botánica afectada. Entre los datos relevantes se puede destacar:
• Área intervenida: 7.197 m²
• Número aproximado de árboles talados: 304
• Especies comprometidas: pela, diomate, guacimo negro y neem
Además de la tala, se verificó que la acción incursionó en zonas críticas, afectando ecosistemas estratégicos y áreas protegidas declaradas por la CAR. Entre los hallazgos, se identificó un daño concreto en 17,3 metros de un nacimiento natural intermitente sencillo, ubicado a poco más de 4 metros de la quebrada Busca Vidas, lo cual podría repercutir en la disponibilidad y calidad del recurso hídrico.
La situación ha permitido a la CAR iniciar el correspondiente proceso sancionatorio contra el arrendatario del predio, quien reconoció no contar con permisos de aprovechamiento forestal. La acción se orienta a sancionar legalmente la conducta observada, previa la imposición de multas y la obligación de compensar y restaurar la zona afectada. Asimismo, se ha remitido el caso a la autoridad judicial para que se actúe conforme a la normativa vigente.
Entre las consecuencias de la tala indiscriminada destacan varios aspectos críticos, entre ellos:
• Impacto en la biodiversidad ambiental
• Riesgo en la disponibilidad de agua
• Disminución de hábitats para la fauna
• Degradación del suelo y disminución en la generación de oxígeno
La acción emprendida por la entidad ambiental subraya el compromiso institucional de la CAR en la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de la normativa ambiental en el territorio. Este proceso se enmarca en los esfuerzos por garantizar un uso sostenible de las áreas críticas de la región.
La medida fue confirmada por la directora regional Alto Magdalena, Camila Velásquez, quien detalló que la ausencia de permisos justificó la apertura del proceso sancionatorio y la intervención de la autoridad ambiental. La investigación continúa a la espera del desarrollo procesal correspondiente, sin que se hayan emitido juicios de valor sobre la situación.
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