En un veredicto histórico, la Corte Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia C-054 de 2024, ha marcado un hito en la lucha por la equidad de género en el sistema pensional, modificando la cantidad de semanas de cotización requeridas para las mujeres afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) para acceder a la garantía de pensión. Este cambio consiste en la reducción de las semanas necesarias de cotización de 1.150 a 1.000, con eficacia a partir del 31 de diciembre de 2025.
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La determinación de la Corte surge del reconocimiento de una desproporción en el trato igualitario previo entre hombres y mujeres, previsto en la ley 100 de 1993. La Corte evidenció que esta equiparación no tenía en cuenta las diferencias sustanciales en la vida laboral entre ambos sexos, impactando negativamente en los derechos fundamentales de las mujeres, incluyendo la igualdad, no discriminación y seguridad social.
Un enfoque particular de la decisión fue el análisis del artículo 65 de la mencionada ley, el cual establecía requisitos para el acceso a la pensión mínima que, según la Corte, restringían indebidamente el derecho de algunas mujeres a alcanzar una pensión de vejez, especialmente aquellas con insuficiente capital en sus cuentas de ahorro individual.
Es relevante destacar que la sentencia pone especial énfasis en los afiliados de bajos recursos, reconociendo que la garantía de pensión mínima constituye un mecanismo para asegurar una vida digna durante la vejez, tanto para los afiliados como para sus familias. La norma antes demandada limitaba, de facto, el acceso de las mujeres a dicho beneficio, comprometiendo su bienestar y el de sus familias en la vejez.
En los argumentos presentados, la Corte recalca que la reforma no solo busca rectificar una disparidad de género sino también reforzar la protección de los derechos fundamentales bajo el principio de solidaridad del sistema pensional, contribuyendo a una mayor justicia social.
Estos cambios son un reflejo de la evolución de la jurisprudencia en materia de derechos de la mujer y de la seguridad social, sentando un precedente significativo para futuras regulaciones en el sector. La decisión es un paso hacia adelante en el reconocimiento de las realidades específicas que enfrentan las mujeres en el mercado laboral y su impacto en la seguridad social.
El fallo, con efectos diferidos, otorga un período de adaptación al sistema pensional y a las afiliadas para ajustarse a las nuevas condiciones, promoviendo un tránsito ordenado hacia una mayor equidad en el régimen pensional colombiano.
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