El proyecto de ley que pretende instaurar topes al creciente impuesto predial está en el ojo de la polémica. El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha defendido la medida, argumentando que se busca ofrecer un respiro financiero a las familias colombianas. Según Bonilla, el incremento progresivo del valor catastral de los inmuebles ha disparado el monto del impuesto, por lo que la nueva ley buscaría regular dichos aumentos.
Bonilla ha detallado el proyecto, resaltando su objetivo de mayor organización dentro del sistema tributario. Los límites propuestos se establecerían así:
- Para predios con avalúo inferior a 135 salarios mínimos, el impuesto no aumentaría más del 50%.
- Predios valorados entre 135 y 250 salarios mínimos tendrían un máximo de incremento del 100%.
- Aquellos con avalúos entre 250 y 350 salarios mínimos enfrentarían un aumento de hasta el 150%.
El Ministro subraya la intención de brindar claridad y evitar presiones indebidas sobre el pago del impuesto por parte de los consejos municipales y alcaldías, inclusive cuando exista una actualización en el avalúo catastral.
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Sin embargo, actores claves como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) han manifestado su desacuerdo, calificando al proyecto como precursor de un tributo confiscatorio. En una declaración emitida por Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se expresa una firme oposición, señalando que la medida afectaría significativamente el acceso a la vivienda digna y el desarrollo del comercio.
Cabal advierte de las posibles consecuencias negativas para sectores vulnerables, tales como pensionados con ingresos limitados y familias que dependen de viviendas sin fuentes de ingreso adicional. Según sus palabras, el aumento desmesurado del impuesto podría obligar a estos grupos a vender sus propiedades ante la incapacidad de afrontar los nuevos cargos tributarios.
La propuesta ha encendido un debate sobre la pertinencia de las políticas tributarias en el marco de la realidad económica del país y el derecho a la propiedad. El proyecto de ley sigue su curso en el Congreso, donde se espera un análisis detallado de sus implicancias para los ciudadanos y la economía nacional. La comunidad aguarda las deliberaciones y decisiones finales, esperando que se encuentre un equilibrio entre la necesidad de ingresos fiscales y la protección del bienestar económico de las familias colombianas.
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