¿La muerte violenta del niño Jerónimo moverá a las autoridades en Fusagasugá y Colombia para evitar nuevos hechos de esta clase? ¿Hay más menores en riesgo? ¿Falla el Estado en su responsabilidad de proteger a la población infantil? ¿Hacen falta normas más severas para detener el fenómeno de violencia contra los más débiles de la sociedad?
Informe Especial
Los interrogantes son muchos más. En el ojo del huracán aparecen instituciones como Bienestar Familiar, al igual que las comisarías de familia y la justicia; también otras entidades cuya misión es proteger ese grupo de la población.
El doloroso suceso del homicidio del niño Jerónimo el pasado 5 de marzo desgarró el alma de los colombianos y activó un sentimiento que obliga a mirar hacia las autoridades y la misma sociedad. Incluso, por su inoperancia, le asignan responsabilidad igual o superior a los autores de estos casos.
Muchos son los pronunciamientos fuertes contra el desempeño de los organismos oficiales cuyo mandato los obliga a proteger los niños y sus familias. De momento, no se observa acciones efectivas que permitan pensar lo contrario según los primeros conceptos de los entendidos.
Muerte de Jerónimo y otros niños
Los escandalosos sucesos ocurridos los últimos años le aumentaron volumen a las alarmas, frente a los casos de degradación en el trato que la sociedad y el Estado les deben brindar a los menores de edad para ampararlos.
En opinión de observadores, el número de episodio de estas características logró desbordar la atención de una ciudadanía que, de momento y en razón a sus limitaciones ante la ley, se han limitado a la denuncia. Algunos casos han desencadenado en retaliaciones contra sus autores.
Observadores y conocedores de comportamientos de los responsables de episodios de este tipo advierten que el Estado, y los mandatarios de turno, han sido inferiores al reto que significa detener “este desastre”.
La sucesión de hechos y el aumento de víctimas infantiles no han merecido que las autoridades se comprometan a analizar el fenómeno. Y más que ello, en detenerlos. Entonces, surgen más interrogantes: ¿Es un delicado problema síquicos de sus autores? ¿Qué circunstancias activan los trastornos mentales de esos criminales? ¿Por cuál razón escogen a los niños como el blanco para descargar su ira?
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Desde luego, las respuestas la tienen los expertos quienes deben ser convocados por los responsables del Estado, si es que, en realidad, quieren detener ese fenómeno.
El listado de niños muertos de forma violenta en Colombia es interminable. En el país, y principalmente en Bogotá y Cundinamarca, los casos desbordan cualquier consideración. La lista de precoces víctimas en los obituarios viene en ascenso. Los últimos años comenzaron a figurar en ellas los nombres de Jerónimo, Dilan Santiago, Sofía Cadavid, Yuliana Samboní y Gabriel Esteban, por solo referenciar unos pocos.
Todos ellos y muchos más ya pasaron a ocupar un rincón en los anaqueles del olvido. Sus sacrificios no lograron conmover la conciencia de las autoridades quienes deben buscar el fondo del fenómeno para colocar una talanquera que evite, o disminuya, casos de este tipo.
El caso Jerónimo
Lo sucedido con este niño de tres años el pasado 5 de marzo en una vivienda al norte de Fusagasugá, sobrepasó la tolerancia de la población. De momento no se conocen reacciones concretas desde las altas esferas de las autoridades, excepto por las policiales.
A nivel local, este caso fue resulto de manera expedita. Menos de un día después los organismos investigativos ya habían señalado el presunto responsable del crimen: el padrastro del menor.
Dieron con él en rápida investigación luego de analizar el contenido captado por una cámara de seguridad ubicada cerca de la escena del crimen. Lo vieron abandonando el lugar cargando una bolsa verde, la misma más tarde encontrada en una escombrera.
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Con ese sitio dieron luego que un dron de Bomberos Fusagasugá detectara un paquete que emitía calor. Sobrevolaba un área próxima a la quebrada el Jordán cuando sus sistemas llamaron la atención de los socorristas.
El cuerpo sin vida del niño aún emitía señales de temperatura debido a que había sido envuelto en una cobija. Su cuerpo aún permanecía tibio. La zona había sido demarcada en trabajo de los agentes de inteligencia.
Tomando como punto de partida lo observado en las cámaras también supieron que el padrastro, ya indiciado, había regresado 25 minutos después del primer avistamiento.
Pudieron establecer que tomó una buseta hacia La Aguadita. Hicieron cálculos y con ello demarcaron una amplia zona para adelantar la búsqueda. Así dieron con el cuerpo sin vida del niño.
Aún se desconoce la versión entregada por Giovanni Andrés Díaz, el padrastro del niño y principal acusado. Parece ser que se declaró inocente según versiones no oficiales. Sus declaraciones hacen parte de la reserva sumarial. Otros comentan que dijo no acordarse de lo sucedido.
Las pruebas son contundentes, indica una fuente cercana al caso. En la vivienda del Jerónimo hallaron serios indicios que apuntan hacia el padrastro. Éste ya se encuentra recluido en la Cárcel El Barne de Cómbita, Boyacá. Allá espera el juicio en su contra, proceso que lo podría fijar una pena cercana o superior a los 50 años.
Reacciones en Fusagasugá
Varios profesionales cuya vocación los compromete con el comportamiento de los seres humanos y, en especial, con aquellas conductas que afecta menores de edad, tienen sus diagnósticos.
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Aunque los conceptos no son uniformes, algunos diagnostican que las afectaciones mentales tienen origen en los primeros años de vida de los victimarios. Muy seguramente también fueron objeto de casos similares, asunto que los induce a repetir esos comportamientos perversos con el paso de los años.
Las primeras manifestaciones de la enfermedad mental pueden observarse de manera inmediata, estiman algunos sicólogos y psiquiatras. El conocido “bullying”, ya es muy común especialmente en los centros educativos de todo el país; es prueba de ello.
El tema sí preocupa a importantes sectores en Fusagasugá. El martes 13 de febrero, tres semanas antes de la tragedia de Jerónimo, el Concejo Municipal cumplió un debate de control político. La sesión fue convocada con la intención de poner sobre la mesa el desempeño de las Comisarías de Familia de la ciudad. Esa inquietud alcanza a ICBF.
Algunas observaciones dice que los casos allí presentados tienen relación con la violencia intrafamiliar, asunto que, desde luego, compromete a los menores de edad. Dicen que la mayoría de estas denuncias no son resueltas oportunamente y que, en algunos casos, parecieran ser resultas “amañadamente”. El tema se encuentra en evaluación a manos del alcalde William García, según él mismo advirtió.
La esperanza de las mujeres, incluso hombres afectados, es que los tropiezos en la resolución de los casos presentados ante estas instancias tengan respuesta efectiva. De ello depende la vida de muchos niños y jóvenes.
Otras voces advierten que las afectaciones mentales, generalmente, son acrecentadas bajo el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, razón por la cual consideran fundamental atacar esa dependencia.
El asunto requiere de atención especial desde el Gobierno y todas las autoridades de salud mental. Varios profesionales se mostraron dispuestos a impulsar propuestas que permitan llamar la atención de las instancias correspondientes, el Congreso, y la misma Presidencia de la República.
La intención es lograr que se fijen normas cuyos efectos garanticen programas especiales de protección efectiva de los niños sin ninguna clase de limitaciones. También proponen el diseño de estrategias encaminados a permitir el tratamiento adecuado de quienes se encuentran inmersos en problemas de salud mental.
