Un enfrentamiento entre la actual administración municipal de Fusagasugá, dirigida por el alcalde William García Fayad, y la anterior gestión de Jairo Hortúa Villalba generó controversia en torno al manejo del mecanismo de "Obras por Impuestos". Se trata de una modalidad de extinción de obligaciones tributarias que permite a los contribuyentes del impuesto sobre la renta pagar parte de su deuda ejecutando proyectos de infraestructura pública.
En su administración, Hortúa impulsó la creación del Acuerdo 100-02.01-16 del 13 de septiembre de 2022, en el cual se estableció la posibilidad de pagar los impuestos municipales mediante la ejecución de obras de infraestructura, beneficiando así a varias zonas del municipio.
La modalidad, establecida a nivel nacional en la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819) y reglamentada posteriormente, se orienta a proyectos en regiones afectadas por el conflicto armado o con altos índices de pobreza, bajo la figura de ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto) y PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Sin embargo, la Contraloría de Cundinamarca, en informe de auditoría realizado en 2024, expuso que el Acuerdo de Fusagasugá no cumplió con las condiciones necesarias para su aplicación, lo cual desencadenó una serie de consecuencias legales.
Así, el alcalde William García ha sido el principal actor en este proceso judicial que enfrenta la administración anterior. En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Mejora aprobado por la Contraloría, García Fayad presentó ante el Concejo Municipal de Fusagasugá el proyecto que buscaba derogar el Acuerdo 100-02.01-16, y, ante su rechazo, procedió a radicar una petición de nulidad contra este acto administrativo ante el Tribunal de Cundinamarca.
En su querella, García Fayad alega que el Acuerdo violó el principio de legalidad, ya que las condiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 no fueron cumplidas en el acuerdo de Fusagasugá, especialmente en lo que respecta a los requisitos de los contribuyentes y la priorización de proyectos en zonas afectadas por el conflicto.
Irregularidades señaladas por la contraloría
Luego, la Contraloría de Cundinamarca, en su informe, subrayó varios puntos críticos. Primero, destacó que el Acuerdo de Fusagasugá no tuvo en cuenta los requisitos previos establecidos en la ley nacional, que obligan a una valoración financiera y presupuestal del impacto de las obras, lo cual no fue realizado adecuadamente. Además, la ley exige que los proyectos sean priorizados en zonas afectadas por el conflicto o con altos índices de pobreza, lo cual no se cumplió en la ejecución de las obras del municipio.
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Otro de los puntos señalados fue la falta de cumplimiento con los requisitos para que las empresas que participan en el mecanismo de obras por impuestos puedan beneficiarse de la exoneración tributaria. Según la norma, solo pueden beneficiarse las personas naturales o jurídicas que cumplan con condiciones específicas, como haber obtenido ingresos brutos superiores a 33.610 UVT, lo cual no fue tenido en cuenta en el acuerdo de Fusagasugá.
Respuesta de la administración anterior
Por su parte, el exalcalde Jairo Hortua, al conocer de la demanda interpuesta por García Fayad, se mostró sorprendido y lamentó la decisión de su sucesor. En un comunicado a la opinión pública, dxpuso sus obervaciones. "Con profundo pesar y frustración recibo la noticia de que la actual administración presentó una demanda para acabar con el mecanismo de obras con impuestos que tanto bien le hizo al municipio de Fusagasugá. En nuestra administración se ejecutaron más de 25 obras bajo esta figura, beneficiando a numerosos barrios y comunidades que ahora ven cómo sus proyectos se ponen en riesgo".
Simultáneamente defendió la legalidad de su gestión y recordó que durante su mandato se realizaron obras de gran impacto social, como la construcción del salón comunal del barrio Las Delicias, la cancha sintética del barrio Fundadores y el parque de mascotas del barrio Santa María. "Estas obras no solo respondieron a las necesidades de la comunidad, sino que también representaron un avance en el desarrollo urbano del municipio", afirmó Hortua.
Modalidad de obras por impuestos
El mecanismo de obras por impuestos fue instaurado por el Gobierno Nacional con el objetivo de fomentar la inversión en infraestructura en regiones que han sufrido los efectos del conflicto armado. Sin embargo, su implementación a nivel local ha generado controversia, ya que algunos municipios, como el de Fusagasugá, no han cumplido con las condiciones establecidas por la ley.
Según García Fayad, la administración anterior no tuvo en cuenta los requisitos legales para la implementación de esta modalidad, lo que derivó en posibles incumplimientos normativos en materia presupuestal y tributaria. El actual Alcalde considera que la legalidad debe prevalecer y que el municipio no puede estar por encima de la ley, por lo que decidió actuar en consecuencia al presentar la demanda.
Por su parte, Hortua Villalba defiende que las obras ejecutadas bajo esta modalidad fueron una solución práctica y eficiente para cumplir con las obligaciones tributarias del municipio, y que el actual alcalde está llevando a cabo una interpretación errónea de la normativa.
Posibles consecuencias para la comunidad de Fusagasugá
El enfrentamiento entre las dos administraciones ha generado confusión dentro de la la comunidad; temen que las obras realizadas en la anterior administración puedan verse afectadas por el proceso judicial en curso. Algunos habitantes de los barrios beneficiados con estas obras han expresado su preocupación de que proyectos esenciales para el desarrollo urbano y social del municipio se vean paralizados debido a los trámites legales.
En este contexto, el futuro de las obras por impuestos en Fusagasugá sigue siendo incierto, y tanto la actual administración como la anterior se mantienen firmes en sus posturas, dejando en el aire la resolución de este conflicto legal que podría tener implicaciones significativas para el municipio.
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El enfrentamiento entre el actual alcalde William García y el exmandatario Jairo Hortúa sobre las obras por impuestos refleja un complejo panorama de decisiones administrativas, normativas legales y consecuencias para la comunidad. Mientras la Contraloría y el Tribunal Administrativo examinan las irregularidades señaladas, la ciudadanía se mantiene atenta a la resolución de este conflicto que marcará el futuro de la inversión pública en Fusagasugá.
