En un informe revelador presentado el pasado viernes 5 de abril, la Contraloría General de la República ha sacado a la luz una serie de actos de corrupción que involucran el manejo de los recursos destinados al sector salud en Colombia. Según el contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, se han proferido fallos de responsabilidad fiscal por un monto cercano a los 3 billones de pesos en contra de diversas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) debido a irregularidades detectadas en el uso de estos fondos.
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Entre las anomalías identificadas por el ente de control se encuentran:
1. Pago de horarios no laborados por parte del personal de las IPS.
2. Adquisición de implementos no requeridos en el plan de salud.
3. Otros malos manejos relacionados con los recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Estos hallazgos son el resultado de exhaustivas investigaciones llevadas a cabo por la Contraloría, que ha logrado ejecutoriar debidamente los fallos de responsabilidad fiscal correspondientes. El contralor Zuluaga hizo hincapié en la importancia de una colaboración estrecha entre la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría para trasladar de manera efectiva los hallazgos tanto disciplinarios como penales derivados de estas pesquisas.
Asimismo, el funcionario extendió una invitación a trabajar de forma articulada para combatir la corrupción en el ámbito de la salud, enfatizando la necesidad de coordinar esfuerzos entre las distintas entidades de control con el fin de obtener resultados contundentes. En este sentido, se ha programado una reunión para el lunes 8 de abril, en la cual participarán representantes de la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía y la Contraloría, con el objetivo de socializar los informes presentados y recibir observaciones sobre diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Hasta la fecha, la Contraloría ha iniciado procesos de responsabilidad fiscal por un valor superior a los 77.000 millones de pesos, mientras que los procesos en curso suman más de 500.000 millones de pesos en el histórico de la entidad. Se prevé que, una vez se hagan públicos los informes recientes sobre las actuaciones relacionadas con la UPC, esta cifra se incremente de manera significativa.
Por otra parte, SEMANA tuvo acceso a una advertencia emitida por la Contraloría General, firmada por el excontralor Carlos Hernán Rodríguez, en la cual se alertaba sobre la "inefectividad" de las acciones sancionatorias emprendidas por la Superintendencia de Salud. Este documento cobró especial relevancia tras la intervención por parte de la Supersalud a las EPS Sanitas y Nueva EPS, con la promesa de lograr su recuperación económica y mejorar el servicio prestado a los usuarios.
La advertencia, fechada el 6 de febrero de 2023 y dirigida a Ulahy Beltrán, exsuperintendente, señalaba el riesgo de pérdida de recursos debido a la falta de efectividad de las medidas adoptadas. El excontralor subrayó que las deudas con los prestadores de servicios de salud, una de las principales preocupaciones del presidente Gustavo Petro en su plan de transformación del sistema, no se han resuelto a pesar de las acciones emprendidas por la Superintendencia.
En el documento se advierte que las EPS sometidas a medidas de vigilancia especial corren el riesgo de no poder cancelar sus deudas con los prestadores, ya que, en muchos casos, estas entidades terminan en procesos de liquidación, lo que dificulta la recuperación de los recursos comprometidos en estas carteras debido a la insuficiencia de la masa liquidatoria.
Además, el informe de la Contraloría enfatiza que, a pesar de las sanciones impuestas por la Supersalud ante los incumplimientos de las EPS en cuanto al flujo de recursos hacia los prestadores, las conductas que originan dichas sanciones son reiterativas, lo que evidencia que la acción sancionatoria no logra corregir de manera efectiva estos incumplimientos.
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