El pasado 13 de marzo se presentó en Soacha un incidente que ha captado la atención de la opinión pública y generado discusiones sobre las medidas legales para proteger a los animales. Durante la tarde, se registró un hecho en el que, según reportes, un conductor manejando una van blanca involucró a una mascota en un accidente que ha sido catalogado de maltrato. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a la perrita, identificada como Estrella, en un estado de vulnerabilidad luego de ser atropellada en la zona del barrio Julio Rincón, perteneciente a la comuna cuatro de la ciudad.
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La situación se desarrolló en las inmediaciones de una vivienda, donde Estrella se encontraba descansando en la calle. Según la información recopilada por diversos testigos, el conductor se desplazaba por la zona en una van blanca cuando, de manera abrupta, arrolló a la perrita. Los hechos ocurrieron en un entorno urbano donde la presencia de residentes permitió la rápida circulación de la noticia tanto en medios locales como en plataformas digitales. La documentación audiovisual ha contribuido a la difusión masiva del suceso, permitiendo que la comunidad tenga un conocimiento detallado del incidente.
Durante el desarrollo del suceso, se observó cómo el comportamiento del conductor se tornó polémico al momento de reaccionar ante la situación. Según las declaraciones, el individuo habría mostrado una actitud que muchos interpretaron como burlona mientras la mascota se encontraba en evidente estado de agonía. Poco tiempo después de sucedido el incidente, el sujeto optó por abandonar el lugar, dejando a los presentes sin una respuesta inmediata o de auxilio hacia la perrita atropellada, lo que ha generado un intenso debate en distintos foros sociales y comunitarios.
Entre los funcionarios y representantes políticos, la Cámara por Cundinamarca ha tomado posición ante el caso. La representante Alexandra Vásquez fue una de las voces que alzó la denuncia de manera formal, recordando la importancia de que cualquier agresión a los animales reciba la atención correspondiente dentro del marco legal establecido. En sus declaraciones, Vásquez enfatizó que el incidente no debe quedar impune y resaltó la urgencia de que se implementen sanciones conforme a lo previsto en la normativa vigente. Asimismo, la representante invitó a la ciudadanía a difundir el caso para que se aplique el máximo rigor en la investigación y en la eventual sanción del responsable.
Asimismo, el episodio ha reavivado el debate en torno a la denominada Ley Ángel, la cual fue aprobada por la Cámara de Representantes el 25 de febrero de 2025. Esta normativa tiene como finalidad fortalecer el combate contra el maltrato animal en Colombia e introducir cambios profundos en las disposiciones relacionadas con el bienestar de las mascotas y otros animales. Entre sus principales metas se encuentran la mejora en los protocolos de protección y la aplicación de sanciones más severas para quienes incurran en actos de maltrato.
La Ley Ángel contempla varios puntos clave, entre los cuales se destacan:
• Fortalecimiento de las medidas de protección contra el maltrato animal.
• Actualización del estatuto nacional de protección de los animales.
• Endurecimiento de las sanciones para agresores de calidad.
• Ampliación de los mecanismos y programas de prevención del maltrato.
• Implementación de cursos obligatorios en casos de maltrato leve.
• Autorización para que la Policía ingrese a predios sin orden judicial en situaciones de maltrato.
• Creación de rutas de atención especializada para animales víctimas de violencia.
La repercusión del hecho ha despertado en diversos espacios virtuales una amplia protesta ante el comportamiento registrado. Usuarios de redes sociales y plataformas como Facebook han expresado su preocupación por lo sucedido, haciendo énfasis tanto en el presunto actuar intencional del conductor como en la falta de intervención oportuna por parte de algunos presentes en la escena. Entre los aportes en línea se destaca el escepticismo respecto a la eficacia de identificar al agresor a través de la placa del vehículo, dado que, según algunos comentarios, podría tratarse de un trabajador ocasional sin antecedentes claros.
En relación con la legislación vigente, es importante tener presente que la Ley 1774, promulgada el 6 de enero de 2016, reconoce a los animales como seres sensibles y establece la obligación de otorgarles protección especial frente al dolor y el sufrimiento ocasionado, de forma directa o indirecta, por acciones humanas. Esta normativa ha sido citada en diversas ocasiones para recalcar que el maltrato animal constituye una conducta que atenta contra la integridad y el bienestar de estos seres, definiendo penas que varían de acuerdo con la gravedad del acto cometido.
La legislación establece que, en casos de maltrato que conlleven a la muerte o lesiones graves en los animales, se podrán imponer penas de prisión que oscilan entre 12 y 36 meses, además de la inhabilidad especial para el ejercicio de actividades relacionadas con el trato o manejo de animales durante un periodo que podría ir de 1 a 3 años. Entre otras consecuencias previstas se encuentra la imposición de multas cuyo monto puede variar entre 5 y 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), además de la posibilidad de decomiso del animal y de los gastos asociados a su recuperación.
La normativa también señala varios factores que pueden agravar las penas. Entre ellos se incluyen:
• La comisión del maltrato con severidad en el daño causado.
• La realización de delitos de maltrato en lugares públicos, lo que puede intensificar la sanción.
• El uso de menores de edad como medio para perpetrar los actos.
• La ocurrencia de actos sexuales contra animales.
• La comisión del delito por parte de servidores públicos o personas en funciones oficiales.
El caso de Soacha, sumado al debate en torno a la nueva Ley Ángel y las sanciones derivadas de la Ley 1774, ha despertado un llamado a reforzar los mecanismos de protección y prevención del maltrato animal.
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