Un reciente operativo realizado en una carretera de Cundinamarca sacó a la luz nuevas dimensiones de la lucha contra el tráfico ilegal de especies en el país, luego de que las autoridades sorprendieran a un individuo que transportaba 27 loros silvestres en condiciones irregulares. El hallazgo surgió durante una revisión de rutina en el corredor entre Corán y Puerto Salgar, área identificada por su importancia estratégica en el monitoreo del tráfico vial regional y nacional.
La operación se desarrolló el 23 de febrero de 2026, cuando miembros de la Policía Nacional dieron la señal de detención a una motocicleta azul. Durante la inspección, los agentes descubrieron que las aves estaban ocultas en un maletín y una caja de cartón, sin ninguna protección adecuada para su bienestar. Este tipo de métodos de transporte, ampliamente registrados en acciones de contrabando de fauna, contribuyen al incremento de riesgos para estas especies.
Tras el decomiso, las 27 aves fueron entregadas a la autoridad ambiental responsable. El organismo respectivo inició los procedimientos de revisión médica y biológica de los loros, para establecer su estado y determinar las acciones encaminadas a asegurar su posible regreso a su entorno natural. La intervención de profesionales en fauna silvestre es considerada un paso determinante para la recuperación y eventual reintegración de los animales a su hábitat original.
La captura del conductor fue acompañada por el abastecimiento de garantías procesales, entre las que se incluyó la comunicación de sus derechos y su posterior traslado a la Fiscalía Local de La Dorada. Allí empezó su proceso judicial bajo el cargo de tráfico de fauna silvestre de acuerdo con lo establecido en el artículo 328 A del Código Penal colombiano. La normativa vigente contempla castigos severos para esta conducta, reflejo de la preocupación legislativa por la preservación del patrimonio natural del país.
El marco punitivo para este delito establece:
- Penas privativas de libertad de 60 a 135 meses (5 a 11 años de prisión).
- Multas económicas desde 134 hasta 43.750 salarios mínimos legales mensuales.
- Incremento de las sanciones si existen agravantes como afectaciones mayores al medio ambiente o reincidencia en el delito.
La estructura de estas sanciones refleja la intención del Estado de disuadir el comercio ilegal de fauna aprovechando tanto el componente punitivo como las consecuencias económicas para los infractores. Los organismos de control insisten en la importancia de las acciones de detención anticipada para neutralizar posibles daños ecológicos de gran alcance.
En Cundinamarca y otras regiones, la vigilancia en las vías se ha robustecido con la intención de frenar el flujo de animales silvestres capturados ilegalmente. Un informe reciente de la Dirección de Tránsito y Transporte señaló que, durante el último año calendario, las autoridades rescataron a 1.476 animales en distintos puntos del país en circunstancias similares, contando no solo con loros, sino también iguanas, tortugas, canarios y cangrejos entre las especies más traficadas.
El coronel Jair Alonso Parra Archila, quien lidera la unidad de Tránsito y Transporte, indicó que estas acciones buscan impactar las redes de tráfico que encuentran en la movilidad terrestre su principal canal de operación. Según el oficial, el sostenimiento de controles permanentes ha permitido identificar patrones recurrentes de extracción y distribución de fauna en las carreteras.
Dentro de las especies incautadas, los loros figuran entre los animales más buscados por traficantes, junto a otras especies que son solicitadas en mercados tanto nacionales como internacionales. Los resultados obtenidos han evidenciado nuevas rutas, así como la capacidad de adaptación de quienes practican esta actividad ilícita, lo cual refuerza la necesidad de estrategias cada vez más especializadas por parte de las fuerzas de control.
La labor de las autoridades se complementa con el llamado dirigido a la sociedad civil para que aporte información relevante. La denuncia ciudadana ha emergido como uno de los mecanismos más efectivos para interceptar el tráfico de fauna antes de que los animales sean redistribuidos o comercializados. La articulación entre agentes de control y comunidad permite actuar oportunamente en la protección del patrimonio natural colombiano, una tarea que se proyecta como continua en el escenario nacional actual.
