La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Nancy Garrido Bolaños, ex alcaldesa de Topaipí, Cundinamarca durante 2016 y 2019.
La ex mandataria es acusada de omitir la autorización requerida para contratar una entidad encargada de proveer servicios de atención y cuidado a ancianos.
Según la entidad de control, la exfuncionaria habría suscrito un contrato con una organización sin ánimo de lucro sin la debida autorización del Concejo.
Con esto, Garrido Bolaños habría violado lo establecido en el Acuerdo Municipal 003 del 28 de febrero de 2019.
La Provincial de Instrucción de Zipaquirá indicó que la conducta de Garrido Bolaños podría haber quebrantado el principio de responsabilidad administrativa al incumplir lo establecido en el acuerdo municipal.
Este documento delineaba los casos que permitían la contratación directa y los que exigían la aprobación del Concejo.
Procuraduría formula cargos a ex alcaldesa en Topaipí
El ente de control argumentó que la presunta conducta ilícita de la exalcaldesa podría haber materializado una sustancial ilicitud, poniendo en riesgo el correcto ejercicio de la función administrativa.
Además, se destaca que esta posible actuación no solo habría afectado a la alcaldía, sino que también implicaría un perjuicio potencial a los recursos públicos.
Por lo anterior, la Procuraduría calificó provisionalmente la falta como grave, cometida a título de culpa grave, resaltando la aparente violación al ordenamiento jurídico y la omisión de procedimientos necesarios.
Estos hechos podrían haber generado un perjuicio significativo tanto a la administración como a los recursos públicos involucrados.
La Procuraduría General de la Nación, también abrió cargos al ex alcalde de Nemocón, Cundinamarca, por la presunta omisión en el nombramiento del Comisario local de familia.
El organismo de control, como entidad encargada de velar por el correcto funcionamiento de la administración pública en Colombia, ha tomado esta medida contundente.
Por ello, profirió pliego de cargos al ex alcalde de Nemocón, Cundinamarca, Julián Alfredo Rodríguez Montaño.
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El motivo de esta acción es el presunto nombramiento irregular de Armando Alirio Aponte Castellanos como comisario de familia, pese a que se desempeñaba previamente como inspector de policía.
Según los informes, Aponte Castellanos aparentemente no cumplía con los requisitos reglamentarios necesarios para ocupar dicho cargo.
Alcalde de Zipaquirá, Cundinamarca, incumplió deberes
La Provincial de Instrucción de Zipaquirá ha indicado que el alcalde Rodríguez Montaño habría incumplido uno de los deberes establecidos en una norma legal específica.
Esta disposición exigía una experiencia profesional mínima de dos años para la vacante en cuestión.
Hasta el momento, no se ha presentado una explicación razonable o una justificación válida que explique la omisión de este requisito crucial.
También señaló que, según su análisis, Rodríguez Montaño no garantizó los objetivos de la función pública al tomar la decisión de asignar las tareas de comisario a Aponte Castellanos.
Esta actuación del alcalde podría considerarse una falta disciplinaria ya que, aparentemente, no tuvo en cuenta las disposiciones establecidas en el manual de la entidad que regula este tipo de nombramientos.
Es importante mencionar que el Organismo de Control y Vigilancia considera que el mandatario vulneró el principio de eficacia con su actuación.
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Como consecuencia, de manera provisional, la aparente conducta del mandatario ha sido calificada como una falta grave cometida a título de dolo. Ello podría acarrear serias repercusiones para su carrera política y reputación.
El nombramiento de funcionarios en cargos públicos es un tema crucial para el buen funcionamiento del Estado y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
La selección de candidatos idóneos, que cumplan con los requisitos y méritos establecidos, es fundamental para garantizar la calidad del servicio público y evitar prácticas nepotistas o de favoritismo.
En este contexto, la Procuraduría General juega un papel crucial como ente de control y vigilancia, velando por la transparencia y la correcta aplicación de las normativas en el ámbito gubernamental.
