El congresista Cristián Avendaño del Partido Verde presentó recientemente un proyecto de ley ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes con la intención de prohibir la exhibición, venta y distribución de objetos o símbolos que hagan referencia a personas condenadas por delitos graves. El parlamentario argumenta que esta medida es un paso necesario para superar la "cultura mafiosa" que ha afectado a Colombia por décadas.
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Avendaño subrayó la importancia de desvincular a la sociedad colombiana de figuras como Pablo Escobar y Popeye, quienes han dejado una profunda huella de violencia y sufrimiento en el país. "Es imprescindible dejar atrás a quienes han causado tanto dolor. Como colombianos, hemos soportado el estigma de una época dolorosa y sangrienta. Debemos esforzarnos por eliminar la narcocultura que nos ha sido impuesta por tanto tiempo", afirmó.
El objetivo principal de esta iniciativa es promover una cultura de paz y reconciliación en Colombia. Avendaño destacó que esta es una oportunidad para redefinir la identidad que Colombia quiere proyectar al mundo, alejándose de la imagen de un país asociado con la violencia y el narcotráfico. "Queremos que, al viajar al extranjero, ya no se nos conozca como el país de Pablo Escobar o de la cocaína, sino como un país de paz y respeto por los derechos humanos y las víctimas", agregó.
El proyecto de ley también se enfoca en erradicar la normalización de la violencia y el crimen en la vida cotidiana de los colombianos. "El hecho de que las personas usen ropa o vendan objetos que glorifican a asesinos y narcotraficantes es una afrenta a las víctimas y a sus familias. Si vamos a promover algo, que sea la alegría, la biodiversidad y la resiliencia de nuestra gente", enfatizó Avendaño.
No obstante, la ley también incluye excepciones para productos y símbolos utilizados con fines pedagógicos, de investigación o enseñanza, reconociendo la importancia de mantener una perspectiva crítica e informada sobre el pasado.
Para convertirse en ley, este proyecto deberá superar cuatro debates en el Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Una vez aprobado, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo será el encargado de establecer las sanciones y el marco regulatorio aplicable.
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