En Colombia, existe una iniciativa estatal para apoyar a las personas que pierden su empleo, asegurando que puedan mantener su sustento y ejercer sus derechos fundamentales mientras buscan nuevas oportunidades laborales. Este apoyo financiero, denominado subsidio de desempleo, está reglamentado y tiene como objetivo proporcionar un alivio temporal a los cesantes.
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La Ley 2225 de 2022, que modificó la Ley 1636 de 2013, es la legislación que dicta cómo debe operar este subsidio. Según esta normativa, la ley se enfoca en "reformar y adicionar las Leyes 1636 de 2013 y 789 de 2002, estableciendo nuevos apoyos para el cesante, para los cuidadores y madres o padres cabeza de familia en el marco de la prestación social del Subsidio Familiar y fortaleciendo el Sistema Nacional de Empleo para generar una mayor funcionalidad y eficiencia en su servicio, atendiendo las necesidades de la población para acceder al empleo."
Esta ley garantiza que las personas que pierden su empleo reciban protección social. Además, asegura el acceso a servicios de salud, mantenimiento de ahorro para pensiones y oportunidades de intermediación y capacitación laboral, esenciales para el desarrollo profesional y la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo.
De acuerdo con la Ley 2225 de 2022, los beneficiarios del subsidio son:
- Trabajadores del sector público y privado, dependientes o independientes, que hayan realizado aportes a las Cajas de Compensación Familiar.
- Aquellos que hayan contribuido durante al menos un año continuo o discontinuo en los últimos tres años si son trabajadores dependientes.
- Independientes que hayan realizado aportes durante al menos dos años continuos o discontinuos en los últimos tres años.
Estos trabajadores pueden acceder al Mecanismo de Protección al Cesante, independientemente de la forma de su vinculación laboral, conforme a la reglamentación establecida por el Gobierno Nacional.
Para el funcionamiento del subsidio, las cajas de compensación desempeñan un papel crucial. Los beneficios económicos a los que tienen derecho los trabajadores que han aportado a estas cajas incluyen dos aspectos clave:
1. Pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones sobre un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV).
2. Una transferencia económica con un valor de 1.5 SMMLV para cotizantes en categorías A y B del Sistema de Subsidio Familiar, por un periodo de cuatro meses. Este monto, actualmente, equivale a $1.950.000 y se distribuye de la siguiente manera:
- Primer pago: 40% de 1.5 SMMLV ($780.000)
- Segundo pago: 30% de 1.5 SMMLV ($585.000)
- Tercer pago: 20% de 1.5 SMMLV ($390.000)
- Cuarto pago: 10% de 1.5 SMMLV ($195.000)
Para acceder al subsidio, los desempleados deben presentar un certificado que acredite su estado laboral actual a las cajas de compensación. Además, deben inscribirse en la Agencia de Empleo y proporcionar información básica. Cada solicitud es evaluada individualmente y la admisión al subsidio depende de los recursos disponibles en cada caja de compensación.
Cabe destacar que el subsidio de desempleo no es directamente financiado por el Estado, sino que depende de los fondos con los que cuentan las respectivas cajas de compensación. Esta estructura asegura que el mecanismo de apoyo sea sostenible y esté alineado con la capacidad financiera de cada entidad.
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