*Cargos de la Procuraduría al exalcalde de San Bernardo, Cundinamarca, Jesús Hernando Ávila. Le habría cambiado destino a recursos girador para financiar programas de agua potable.
En ese sentido se pronunció por la provincial del Ministerio Público en Fusagasugá. Tiene dudas sobre el manejo que el entonces mandatario (2020 – 2023) le dio a los dineros del Sistema General de Participaciones para agua potable y Saneamiento Básico.
Según parece, Ávila Bohórquez no aplicó en debida forma una suma de dinero que supera los $47 millones, recursos que, presuntamente, fueron desviados para asumir “gastos que no estaban permitidos”.
- Interesante: CAR presentó su estrategia “Aulas Ambientales Abiertas” en la Vitrina Turística de Anato 2025
Conforme a la Procuraduría, el mandatario utilizó esas asignaciones para “la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en las condiciones existentes en el municipio”. El rubro debía utilizarse para la construcción, ampliación, optimización, mejoramiento, formulación e implantación, “sin que nada de eso incluyera los gastos de tipo operativo”.
Exalcalde Ávila de San Bernardo y la Procuraduría
De acuerdo con reportes del Ministerio Público, el exmandatario habría autorizado el uso indebido de más de $47 millones destinados al Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico.
Dice la P.G.N. que, en 2020, esos dineros fueron direccionados hacia otros frentes, específicamente para cubrir costos operacionales o de funcionamiento de los servicios existentes, asunto que no podía efectuarse.
En este caso, el exalcalde permitió que los recursos se utilizaran para cubrir costos de operación de los servicios de acueducto y alcantarillado en las condiciones existentes en el municipio. Dice que esos dineros tenían que ser dirigidos a la ejecución de proyectos de mejoramiento y expansión de la infraestructura que beneficia a los habitantes de San Bernardo. Este manejo inapropiado de los fondos públicos podría haber afectado la eficiencia de los servicios públicos, además de incumplir la normatividad vigente.
Por esta conducta, la Procuraduría considera que Jesús Hernando Ávila Bohórquez quebrantó sus deberes funcionales, pues al autorizar el uso de recursos del SGP-APSB para fines no previstos, incurrió en una falta gravísima a título de culpa grave.
Explicó que, los recursos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo deben garantizar la eficiencia de los servicios. Significa que el uso de estos fondos debía ser dirigidos exclusivamente a la realización de proyectos de infraestructura que mejoren el servicio y no al mantenimiento operativo de los mismos.
La falta de claridad en la gestión y la posible desinformación sobre el destino de los fondos podría haber originado un perjuicio tanto económico como social para la comunidad de San Bernardo.
Casos similares en Cundinamarca
Este no es un caso aislado en el departamento. En los últimos años, el territorio ha sido escenario de varios hechos relacionados con el uso indebido de los recursos destinados al agua potable y saneamiento básico.
Uno de los casos más recientes se registró en el municipio de La Vega, Cundinamarca, donde la Contraloría General de la República detectó el desvío de recursos destinados a la ampliación del sistema de acueducto local.
Descubrió que más de $30 millones fueron desviados para pagos a empresas de consultoría que no cumplieron con los términos contractuales. Lo anterior, a pesar de que los recursos deberían haberse destinado exclusivamente a la ejecución de obras de infraestructura. En este caso, el alcalde y varios funcionarios del municipio fueron llamados a rendir cuentas, aunque aún no se han formulado cargos formales.
Además, en el municipio de Soacha, la Contraloría alertó sobre el aparente uso inadecuado de los recursos del SGP-APSB en proyectos relacionados con la mejora del acueducto y el alcantarillado. En este caso, varios contratistas se vieron involucrados en prácticas de sobrecosto y desvío de fondos públicos, afectando el avance de las obras previstas en el Plan de Desarrollo Municipal.
Este episodio resultó en la suspensión de varios contratos y la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Consecuencias y medidas de control
La gestión de recursos públicos en Colombia está rigurosamente controlada debido a la importancia que tienen para la provisión de servicios básicos a las comunidades. El SGP-APSB es uno de los mecanismos fundamentales para financiar la infraestructura de agua potable y saneamiento. Por esa razón, su manejo adecuado es vital a fin de garantizar que las poblaciones rurales y urbanas tengan acceso a estos servicios esenciales.
Los hechos denunciados en Cundinamarca muestran preocupación creciente sobre la falta de transparencia y la debilidad en los mecanismos de control dentro de las administraciones locales.
Por ello, la P. G. N. formuló llamado a las autoridades regionales y municipales para fortalecer los procesos de seguimiento y auditoría sobre el uso de los recursos públicos.
Además, instó a que se tomen medidas preventivas para evitar que estos casos se repitan, incluyendo la capacitación continua de los funcionarios públicos en temas de gestión presupuestaria y el fortalecimiento de los sistemas de control interno en los municipios.
De ser hallado culpable, el exalcalde de San Bernardo, Jesús Hernando Ávila Bohórquez, podría enfrentar sanciones severas. Éstas podrían ir desde la destitución de su cargo hasta la inhabilidad para ejercer funciones públicas, además de eventuales consecuencias penales si se demuestra que hubo dolo en el manejo de los recursos.
