Una investigación reciente sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Girardot ha traído a la luz hechos relacionados con la adjudicación y ejecución de contratos para la distribución de alimentos, lo cual ha generado inquietud en distintos sectores. El análisis presentado se sustenta en información recopilada por la representante por Cundinamarca Alexandra Vásquez, quien expuso aspectos vinculados a la contratación en diversas fases, sin omitir la necesidad de dar seguimiento a las denuncias presentadas por padres de familia y veedurías. Este informe presenta una perspectiva renovada que pone en valor el rigor de cada paso en el proceso, evidenciando tanto los procedimientos ejecutados como las áreas que requieren revisión.
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El análisis indaga en la evolución del proceso de contratación del PAE durante el año 2024, destacando la complejidad del mismo y señalando la existencia de irregularidades en diversas etapas. Se han identificado fallas en la documentación, posibles favoritismos y deficiencias en el control de calidad de los alimentos distribuidos. La revelación de estos hechos abre el espacio a una discusión sobre la transparencia en los procesos públicos, sin introducir juicios de valor, invitando a los entes de control a reforzar la vigilancia sobre los procedimientos de adjudicación y la entrega de suministros destinados a la alimentación de los menores.
El proceso de contratación del PAE se desarrolló de forma escalonada, permitiendo identificar diferencias en la ejecución de cada etapa. Durante el análisis se identificaron tres momentos fundamentales en la adjudicación, los cuales se detallan a continuación de manera objetiva:
• Primera etapa: Licitación pública por un valor superior a $5.000 millones, la cual se declaró desierta tras haberse detectado la falsificación de documentos en las ofertas presentadas por la unión temporal Las Acacias, integrada por Fombisol y Jerarquía Corporativa S.A.S.
• Segunda etapa: En situación de urgencia manifiesta se procedió a la adjudicación directa por aproximadamente $2.000 millones, asignándose el contrato a la Fundación Unidos Nutriendo Sueños, representada por Robinson Cely Cely, entidad vinculada a otros procesos que presentaron documentación fraudulenta.
• Tercera etapa: Se realizó una selección abreviada por valor de $3.724 millones, con adjudicación a la unión temporal Uniendo Girardot, nuevamente compuesta en un 70 % por la Fundación Unidos Nutriendo Sueños.
Adicionalmente, se ha reportado una renovación del contrato para el año 2025, cuyo valor asciende a $5.979 millones y se ejecutó en 108 días hasta el 05 de julio. En esta ocasión, el contrato fue concedido a la unión temporal Por los Niños de Girardot, conformada nuevamente en un 70 % por la Fundación Unidos Nutriendo Sueños de Robinson Cely Cely. Este nuevo proceso refuerza la continuidad en la participación de la mencionada fundación en diferentes contractos estatales, evidenciando la necesidad de contar con mecanismos de verificación que aseguren la idoneidad de los proveedores.
Durante el transcurso del proceso se identificaron diversas irregularidades en la documentación y en la formulación de estudios previos que estimaban las raciones a entregar. Se observó la utilización de datos inexactos, lo cual contraviene las normativas vigentes sobre disponibilidad presupuestal y procedimientos de contratación pública. Entre las inconsistencias destacadas se incluyen:
• Presentación de documentos con información errónea.
• Estudios de raciones basados en cálculos inexactos.
• Ausencia de confirmación de la disponibilidad presupuestal conforme a la normativa actual.
Otra línea de investigación señala la reiterada vinculación de la Fundación Unidos Nutriendo Sueños con contratos relacionados al PAE en diversas regiones del país. Entre los antecedentes se destacan contratos obtenidos durante diferentes períodos administrativos, lo cual sugiere la existencia de un patrón de adjudicaciones que ha permitido que la mencionada entidad se consolide en el proceso de contratación. Durante el periodo de administración del suspendido gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco (2020-2023), se evidenció además que la fundación fue favorecida en el departamento del Cesar, y que han existido denuncias relacionadas con supuestas irregularidades en otros municipios como Santander, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Quibdó.
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