La Fiscalía y el Gaula desmantelaron banda delincuencial que se dedicaba a secuestrar y robar a transportadores de carga en el norte de Cundinamarca. Uno de los casos ocurrió en Villapinzón, donde un transportador fue víctima de los delincuentes.
Después de mueve meses de investigación, las autoridades lograron identificar que las operaciones criminales eran planeadas y coordinadas desde la Cárcel Tramacúa de Valledupar, en el departamento del Cesar. Además, se descubrió que uno de los presuntos líderes de la banda, Miguel Andrés P. G., se encontraba bajo prisión domiciliaria.
Este importante golpe a la delincuencia organizada en Colombia se logró gracias a las denuncias recibidas por las autoridades, quienes pudieron dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.
Los trabajos investigativos fueron monitoreados por el comandante de la Policía Cundinamarca, coronel Edwin Urrego, siguiendo el propósito por combatir los brotes de inseguridad en el departamento.
Desde cárcel en Valledupar coordinaban secuestro y robo a transportadores de carga en Cundinamarca
Uno de los casos ocurrió en Villapinzón, norte del Cundinamarca. A un transportador lo secuestraron y robaron cuando acudía a cumplir un “falso servicio”. Los trabajos de inteligencia fueron monitoreados por el comandante de la Policía Cundinamarca, coronel Edwin Urrego.
Con la banda dieron efectivos del Gaula de la Policía y la Fiscalía tras nueves meses de pesquisas, trabajo investigativo emprendido luego de recibir denuncias sobre varios hechos de este tipo.
La trama fue “desenredada” mediante interceptaciones telefónicas, análisis de video, infiltraciones y otros trabajos de inteligencia cumplidos por los uniformados.
Todo parece indicar que las operaciones criminales eran planeadas y coordinadas desde la Cárcel Tramacúa de Valledupar, departamento del Cesar. Otro hombre, quien disfrutaba de casa por cárcel, Miguel Andrés P. G., igual fue detenido.
Desde allí, algunos de los cabecillas de “Los Caminantes”, planeaban los golpes y realizaban algunas de las llamadas. Otro de los individuos, Miguel Andrés P. G., quien disfrutaba de casa por cárcel, aprovechaba esa circunstancia para cumplir su rol criminal sin el acoso de los controles tras las rejas.
Comunicación con prisioneros
“Esta persona sería el enlace principal con detenidos en el centro penitenciario de máxima y mediana seguridad de Valledupar”. Pudieron establecer los agentes oficiales que, además, mantiene “investigaciones en curso por presuntas extorsiones en Armenia (Quindío), Cali (Valle) y Sogamoso (Boyacá)”.
Además, los trabajos de la Policía y Fiscalía permitieron identifica otras cuatro personas aparentemente implicadas en la misma actividad.
Del “combo” hacían parte tres mujeres. Ellas, según parece, eran las encargadas de vigilar los movimientos de las víctimas e intervenir en la celada cuando las cosas se tornaban complicadas. Incluso, su rol femenino les permitía buscar acercamientos con las víctimas.
Así actuaban
Según advirtió la Fiscalía, “los procesados, al parecer, contrataban servicios de transportadores para, supuestamente, realizar trasteos o movilizar mercancías. Una vez los conductores llegaban a los lugares acordados eran retenidos contra su voluntad y les hurtaban los automotores”.
Además, constataron las autoridades, los familiares de las víctimas recibían llamadas exigiéndoles gruesas sumas de dinero, comunicaciones que eran realizadas desde la Cárcel Tramacúa de Valledupar.
Según las mismas averiguaciones, los asaltantes despojaban a sus víctimas de todos los elementos de valor. Tomaban de sus tarjetas débito y les desocupaban las cuentas bancarias.
Se habían tomado a Cundinamarca
Todavía no se sabe por cual razón, pero preferían los transportadores del centro del país. Las autoridades igual investigan otros hechos en departamentos cercanos donde fueron detectadas actividades de las mismas características.
Uno de los hechos claves que permitieron avanzar en las investigaciones ocurrió en Villapinzón, norte de Cundinamarca, en límites con Boyacá.
Hasta esa población, el martes 22 de noviembre del año pasado, se desplazó un transportador y su hijo quienes fueron contactados para movilizar una carga.
“Durante el recorrido en el municipio (…) fueron abordados por personas armadas que les hurtaron sus pertenencias, (y) sacaron ilegalmente 9 millones de pesos de sus cuentas”.
Se comunicaron con sus víctimas y les exigieron el pago de $90 millones para regresar con vida a padre e hijo.
Presentados ante la justicia
Luego de los procedimientos de captura, los indiciados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Una fiscal especializada adscrita al Gaula de la Seccional Cundinamarca fue la encargada de presentar las acusaciones. Los imputó por “secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o accesorios”.
Del grupo hace parte Diana Giesel A. S., Ana María C. T. y Nicol Natalia C. A. Ellas “se encargarían de cobrar el dinero producto del secuestro de las víctimas”.
Las detenciones fueron materializadas mediante orden judicial. Se cumplieron en Bogotá, Tierralta (Córdoba) y El Espinal (Tolima).
Ninguno de ellos aceptó los cargos. Sin embargo, fueron cobijados con medida de aseguramiento mientras siguen el caso en su contra.
