La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Fuerza Pública han intensificado sus acciones para combatir las quemas a cielo abierto destinadas a la producción de carbón vegetal en Soacha, una actividad que históricamente se incrementa durante la temporada de fin de año. En un reciente operativo de alto impacto, se lograron resultados significativos en la vereda La Chacua, municipio de Soacha, una zona donde este delito ambiental es recurrente.
Un operativo conjunto con resultados contundentes de la CAR
La intervención fue ejecutada por integrantes de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) de la CAR, con el apoyo del Batallón de Infantería No. 39 Sumapaz del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional.
Durante el operativo, se encontraron a dos operarios en flagrancia realizando quemas a cielo abierto de retal de madera. Las autoridades documentaron doce pilas en combustión incompleta de madera con pintura, puntillas y otros elementos como plásticos, lonas y empaques, con un volumen estimado de 150 metros cúbicos. Adicionalmente, se identificaron ocho pilas más que estaban en proceso de armado, las cuales sumaban un volumen aproximado de 109 metros cúbicos.
La materia prima utilizada para estas quemas incluía retal de estibas, retazos de huacal, carretes de cable, madera en tabla, trozas de madera de especies como acacia amarilla y eucalipto. Sin embargo, la mezcla de estos materiales contenía elementos peligrosos, como madera con pintura, puntillas y otros elementos como plásticos, lonas y empaques.
Impacto ambiental y riesgos para la salud: una amenaza multidimensional
El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, ha reiterado la grave amenaza que representan las quemas a cielo abierto para el ambiente y la salud humana. Según Ballesteros, estas actividades dispersan sustancias tóxicas durante la combustión, degradando la calidad del aire y del entorno.
Los análisis realizados por los biólogos de la UIGA confirman un impacto directo en el ecosistema. La quema a cielo abierto de retal de madera eliminó la cobertura vegetal en aproximadamente 0,54 hectáreas, como consecuencia de la combustión directa y la emisión de material particulado. Además, la presencia de carbón vegetal y residuos sólidos dispuestos de forma inadecuada provoca un cambio físico en el entorno, lo que modifica directamente el hábitat de aves y animales terrestres, fosoriales y edáficos, alterando los microhábitats disponibles para la fauna. Como prueba de esta afectación, se documentó la presencia de una mirla (Turdus fuscater) perchada en un árbol quemado.
Otro hallazgo preocupante fue la generación de residuos peligrosos (RESPEL). Se evidenciaron tres canecas metálicas de 55 galones con residuos de aceite, así como envases de pintura, que se utilizaban para almacenar agua. La gestión inadecuada de este aceite usado o de materiales contaminados con estas grasas, que se usan para agilizar la combustión, afecta directamente los recursos hídricos y el suelo. La presencia de este residuo peligroso en el suelo es perjudicial no solo para la salud humana, sino para todas las demás formas de vida, ya que altera los procesos de intercambio con el medio ambiente.
Consecuencias legales y llamado a la conciencia ciudadana
El director Ballesteros también señaló que el carbón resultante de estas quemas indiscriminadas, no selectivas e irresponsables, se recoge en calles y avenidas de Bogotá y municipios cercanos. Este carbón es luego distribuido y comercializado en asaderos, restaurantes y almacenes que lo adquieren sin tener en cuenta su origen ilícito y contaminante.
Como resultado de la acción, la Corporación ordenó la suspensión inmediata de la actividad mientras avanza el análisis técnico de las afectaciones. Paralelamente, la Policía Nacional llevó a cabo la captura de las dos personas que operaban en el predio, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Soacha.
La CAR, que ofrece múltiples canales de atención al ciudadano y notificación judicial, incluyendo el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) y líneas gratuitas, reitera su compromiso con la gobernabilidad ambiental en Cundinamarca, reforzando acciones como la UIGA.
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