La operación del servicio catastral en Soacha, una historia de fiscalización e indagaciones, toma un nuevo giro al anunciarse el pliego de cargos contra 17 exmiembros del Concejo Municipal. Este grupo de exservidores públicos, correspondientes al periodo 2020-2023, se encuentra en el centro de las investigaciones por posibles irregularidades administrativas relacionadas con la autorización para la creación de una sociedad de economía mixta, iniciativa respaldada por el entonces alcalde Juan Carlos Saldarriaga.
La entidad de control, la Procuraduría General de la Nación, se ha pronunciado al respecto, señalando que esta decisión implica un llamado oficial a juicio disciplinario. Los nombres de los implicados han sido revelados, incluyendo a figuras como Juan Carlos Arias Cante y Ruth Yolanda Ariza Gil, hasta llegar a Jonnathan Andrés Vela Rodríguez, quienes avalaron la propuesta del mandatario local.
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El escrutinio se centra en la potencial vulneración del deber inherente a los exconcejales, quienes al parecer, desviaron de la normativa legal que rige la formación de sociedades industriales y comerciales estatales. La Procuraduría subraya que este acto podría constituir una falta disciplinaria significativa, por omitir el adecuado ejercicio de sus responsabilidades.
En especificaciones técnicas, la sociedad cuestionada, bautizada como "Catastro Avanza", se estructuró como una sociedad por acciones simplificada y se comprometió a proporcionar servicios públicos catastrales tanto para Soacha como para otras jurisdicciones. La trama se complejiza al considerar la utilización de fondos públicos en la constitución de esta entidad.
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