La Supersalud, en un hecho sin precedentes en el país, ha oficializado las primeras sanciones contra gestores farmacéuticos en Colombia. Este contundente avance en la regulación del sector farmacéutico implica a dos de las principales empresas del ámbito: Audifarma y Sumiprocesos. Ambas compañías han sido penalizadas con multas que equivalen a 230 y 250 salarios mínimos legales vigentes, lo que se traduce en cerca de $266 millones y $355 millones, respectivamente.
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La sanción a Audifarma se origina debido a deficiencias detectadas en sus reportes de información y un incumplimiento “reiterado” en la dispensación de medicamentos en el departamento de Caldas. Esta deficiencia afectó a usuarios del sistema de salud afiliados a diversas EPS con las que Audifarma mantenía contratos. Cabe destacar que Audifarma es uno de los gestores farmacéuticos más grandes del país, atendiendo a más de dos millones de usuarios mensualmente y operando más de 400 establecimientos en 27 departamentos. Desde finales del año pasado, Audifarma se encuentra en un proceso de reorganización empresarial bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades.
En cuanto a Sumiprocesos, la sanción se impuso tras descubrir irregularidades en la entrega de dispositivos médicos y fallos en la presentación de la información requerida. Sumiprocesos había sido contratado por una EPS Indígena para operar en La Guajira, y la auditoría realizada por la Supersalud destacó también la carencia de un plan de mejoramiento que, según la normativa vigente, debe ser presentado para corregir conductas inapropiadas.
Ambas empresas tienen la posibilidad de apelar estas sanciones. Pueden presentar sus objeciones ante la Delegatura de Investigaciones Administrativas o directamente ante el Superintendente Nacional de Salud. Para ejecutar este derecho, disponen de un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación de la resolución. La Supersalud indica que las multas solo deben ser pagadas cuando sean definitivas, es decir, una vez agotados todos los recursos administrativos.
La imposición de estas multas se ha desarrollado tras semanas de revisión del marco legal que rige a los gestores farmacéuticos, el cual, según la entidad, no es tan exhaustivo como el que se aplica a otras entidades, como las EPS. En efecto, la Superintendencia de Salud, junto con el Ministerio de Salud, está trabajando en la formulación de una nueva regulación con el objetivo de fortalecer este marco legal. Esta nueva normativa busca no solo continuar las sanciones, sino también endurecerlas y abrir la posibilidad de una intervención similar a la que aplica sobre las EPS, aunque esta opción aún no está contemplada para los gestores bajo la normativa vigente.
La vigilancia de la Superintendencia de Salud sobre los gestores farmacéuticos ha aumentado significativamente en el último año. En agosto de 2024, por ejemplo, el entonces superintendente Luis Carlos Leal realizó inspecciones sorpresivas en farmacias de empresas como Audifarma, acusándola de “esconder los medicamentos”. Estos gestores han crecido y adquirido un papel crucial dentro del sistema de salud a un ritmo mucho más veloz que el desarrollo de la normativa que los regula. Según estadísticas de la entidad, en el último año, el 18% del total de reclamos en el sistema se relacionaron con negación de medicamentos, entregas tardías o entregas incompletas. De estos, 276.014 eran tecnologías autorizadas con cargo a la UPC (Unidad de Pago por Capitación), y 14.372 correspondían a tecnologías no cubiertas.
El superintendente Giovanny Rubiano García señaló que, a pesar de esta situación, “las medidas que la Supersalud puede imponer a los gestores son limitadas”. Existe un vacío en la regulación debido a la falta de normativas específicas para estos gestores y los operadores logísticos de tecnologías en salud.
Los gestores farmacéuticos comenzaron como intermediarios en el acceso a medicamentos. Las EPS, que son las principales responsables de garantizar la entrega de tratamientos a sus afiliados, contratan a los gestores para llevar a cabo esta actividad. Estos, a su vez, negocian con la industria farmacéutica, adquieren los medicamentos y gestionan su distribución a los pacientes mediante farmacias, entregas domiciliarias o puntos de dispensación autorizados.
A pesar de que la EPS es responsable de asegurar el acceso a los medicamentos, la operación final recae en estos gestores. Fue solo hasta 2019, con las leyes 1955 y 1966, que el Ministerio de Salud decidió incorporar a estos actores como sujetos de vigilancia por parte de la Superintendencia de Salud, debido a las obligaciones que ya asumían dentro del sistema de salud.
Un ejemplo de la complejidad del sistema es la entrega de medicamentos “con oportunidad”. Mientras que la normativa obliga a las EPS a hacerlo en 48 horas, no existe una extensión de este plazo para los gestores. La Supersalud puede exigir el cumplimiento de este plazo a la EPS, pero no al gestor, ya que entre ambos existe un contrato privado que establece las condiciones contractuales de este último y que está fuera del control directo de la Superintendencia, a pesar de que se utilizan recursos públicos, como la UPC, para financiar la mayoría de los medicamentos.
En el contexto colombiano, los gestores farmacéuticos no pasan por un proceso de habilitación previa, lo que implica una falta de control inicial para garantizar aspectos como su capacidad operativa. Un riesgo identificado por el superintendente Rubiano es que algunos gestores pueden establecer contratos con múltiples EPS sin contar con la infraestructura adecuada para atender a todos los afiliados, lo que podría derivar en situaciones problemáticas como retrasos en la entrega de medicamentos a los pacientes.
En los últimos meses, ha surgido un nuevo elemento en este panorama: las tensiones crecientes entre algunas EPS y gestores. Un ejemplo destacado es el conflicto entre Audifarma y Nueva EPS, donde la primera ha amenazado con suspender el servicio a los afiliados de la segunda por deudas pendientes que ambas partes no han logrado conciliar.
Julio Alberto Rincón, exinterventor de Nueva EPS, reflexiona sobre la evolución del sector: “Hace 20 años el país distribuía medicamentos a través de múltiples canales. Sin embargo, paulatinamente se ha consolidado la operación, generando una especie de monopolios”. Al afirmar que se han creado “monstruos” en relación a su tamaño, Rincón destaca cómo las EPS quedan atrapadas en contratos por la magnitud de los gestores, quienes concentran amplias operaciones.
A pesar de las críticas, Jaime Alejandro Hincapié, docente y vicedecano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquía, reconoce que la centralización también ha traído beneficios, como la posibilidad de negociar precios más bajos con la industria farmacéutica al realizar compras a gran escala, generando economías de escala que benefician al sistema al reducir sus costos.
Hincapié subraya que, aunque existen vacíos, “técnicamente, el trabajo de los gestores ha sido notable”. El desarrollo tecnológico y su preparación para operar dentro del sistema de salud, con todos los desafíos que conlleva, no puede ser pasado por alto, destaca, señalando que han invertido en tecnología e infraestructura que antes no existía en el país.
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