En un reciente despliegue de justicia administrativa, la Procuraduría General de la Nación ha tomado cartas en el caso del superintendente Luis Guillermo Pérez Casas, cabeza de la Superintendencia de Subsidio Familiar, bajo la lupa por supuestas acciones irregulares en la gestión de la entidad. La medida cautelar impuesta por la Procuraduría abarca una suspensión de tres meses mientras se desarrolla un proceso de investigación más extenso.
El centro de la polémica radica en la alteración de una lista de elegibles para posiciones clave dentro de la institución. Según los hallazgos preliminares, Pérez Casas habría efectuado cambios en los perfiles requeridos para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación, una maniobra que según el órgano supervisor contraviene las normativas legales pertinentes.
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Dicha modificación a la lista de elegibles habría abierto la puerta a candidatos que, o no formaron parte del proceso de convocatoria de mayo de 2022, o no cumplían con los criterios mínimos establecidos para ocupar dichas posiciones. Al parecer, estos cambios habrían tenido como fin la inclusión de nuevos aspirantes dentro de una lista que, conforme a la regulación, debería ser definitiva e inalterable.
La Procuraduría ha detallado la naturaleza de los cargos imputados al superintendente. Los principios de igualdad, legalidad y moralidad serían algunos de los comprometidos a partir de la disminución arbritaria de los requisitos iniciales. Esta conducta, juzgada por el Ministerio Público, representa una presunta transgresión de las normativas que rigen la selección de personal en la administración pública.
Adicionalmente, Pérez Casas se enfrenta a un segundo cargo disciplinario. Esta acusación se centra en la solicitud de aportes monetarios a las cajas de compensación supervisadas, orientados a beneficiar la población de Buenaventura, Valle del Cauca. Dicha petición, al margen de las contribuciones estipuladas por ley, podría haber sido interpretada como una instrucción obligatoria en virtud del poder de vigilancia y control ejercido por el superintendente sobre dichas entidades.
La investigación en curso y el juicio disciplinario pendiente vienen a reafirmar el compromiso de la Procuraduría con la defensa de la legalidad y la transparencia en el manejo de los recursos y cargos públicos. Así, la actuación del Ministerio Público garantiza la protección de los principios fundamentales que gobiernan el servicio a la ciudadanía y el correcto funcionamiento de las entidades encargadas de las prestaciones sociales en el país.
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