La Procuraduría General de la Nación ha confirmado una sanción que se cierne sobre la gestión pública en Colombia. Se trata del caso de Walfrando Adolfo Forero Bejarano, antiguo mandatario de Tocancipá, quien gobierna su jurisdicción desde el inicio de su periodo en 2016 hasta el 2019. Esta sanción llega luego de determinarse un incremento patrimonial injustificado en su contra, cifrado en 951 millones de pesos, lo que ha llevado al organismo de control a imponer una destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por un lapso de diez años y seis meses.
Los detalles del caso resaltan que el enriquecimiento detectado tuvo lugar entre los años 2016 y 2018, coincidiendo con las fechas de su administración. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en fallo de segunda instancia, ha señalado la insatisfactoria justificación de dicho incremento por parte de Forero Bejarano y su entorno familiar directo.
Las pruebas contables que el exalcalde suministró fueron analizadas detenidamente por peritos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de la Procuraduría. El resultado de este análisis reveló inconsistencias significativas que comprometen la confiabilidad de la información proporcionada, ya que no se ajustan a las pautas y normativas contables vigentes para el período analizado.
Datos relevantes a considerar:
- La sanción se ejecuta inmediatamente debido a que Forero Bejarano no se encuentra actualmente en ejercicio de funciones públicas.
- Se resalta una discrepancia entre los valores presentados por el exalcalde para justificar sus ingresos y lo declarado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
La transgresión denotada por la Procuraduría va más allá del aspecto financiero y toca la fibra ética de la función administrativa. Se le acusa a Forero Bejarano de violar consciente y voluntariamente el deber de transparencia inherente a su cargo público, puesto que, según sostiene la entidad, los ingresos y gastos del exmandatario en el lapso citado no han podido ser explicados ni soportados de manera creíble.
Este pronunciamiento y la sanción correspondiente quedaron ejecutoriados tras la notificación de la resolución, estableciendo así un precedente en la lucha contra la corrupción y el manejo inadecuado de los bienes públicos, tal como lo estipula la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional.
Le puede interesar: Colombia: Senador Ciro Alejandro Ramírez será investigado por la Procuraduría General de la Nación
