Con la fecha límite acercándose, la tensión aumenta entre los diversos sectores económicos de Colombia a medida que el Gobierno Nacional se aproxima al plazo fatal para definir el ajuste del salario mínimo de 2024. Hasta la fecha, tras más de seis rondas de diálogo, las negociaciones continúan sin una resolución concreta.
El reloj avanza y con solo tres jornadas restantes para el cierre del año, la expectativa se intensifica por saber qué porcentaje reflejará el nuevo salario mínimo. Es relevante mencionar que, tras expirar el límite inicial del 15 de diciembre dictado para el consenso, la legislación colombiana estipula como fecha tope el 30 de diciembre para llegar a un acuerdo mediante la mesa de concertación laboral.
Ante la posibilidad de que no se alcance un entendimiento consensuado el próximo sábado, la responsabilidad de establecer el incremento recaería directamente en manos gubernamentales.
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Los representantes de los trabajadores mantienen firme su propuesta por un incremento significativo del 18% en el salario mínimo para el año venidero, argumentando la necesidad de mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. Sin embargo, el sector empresarial contradice esta cifra insistiendo en los riesgos economómicos que implicaría, apuntando a que cualquier alza debería corresponder con la inflación actual.
A pesar de esta discrepancia, aún no se ha recibido una contraoferta por parte de los empleadores, quienes prefieren la vía de la concertación.
Las proyecciones económicas no faltan en este escenario de debate. Centros de análisis, como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), han expresado su preocupación por las posibles secuelas de un incremento basado en las demandas sindicales. La Anif predice que un crecimiento exorbitante en el salario mínimo podría inflar los precios a niveles no favorables y señalan la posibilidad de un ajuste monetario más pausado de lo esperado para el período de octubre a diciembre de 2023.
La Anif advierte, además, que la inflación podría mantener altos los costos del crédito y limitar el poder adquisitivo hasta, por lo menos, la segunda mitad del año 2024. Ante este panorama, las miradas están puestas en la mesa de negociación y en la inminente decisión del Gobierno Nacional.
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