En el centro de Bogotá se ha registrado una manifestación protagonizada por vendedores informales, quienes expresaron sus inquietudes ante la nueva normativa que afecta el uso del espacio público. La protesta tuvo lugar frente a la sede del Instituto para la Economía Social (IPES) y se destacó por el bloqueo temporal de una vía principal de la ciudad.
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Durante las horas de movilización, los comerciantes ambulantes ocuparon la intersección de la Avenida Caracas con la calle 19, con el objetivo de evidenciar su descontento frente al reciente Decreto 315 de 2024. Las acciones se han presentado como respuesta a una regulación que, según los manifestantes, pone en riesgo su sustento y estabilidad económica.
La situación se interpreta como un reflejo de las tensiones generadas por los cambios en las disposiciones sobre el uso y aprovechamiento del espacio público. Los vendedores informales manifestaron que, de implementarse a cabalidad, la normativa podría impactar negativamente su actividad laboral. Asimismo, se expresaron temores sobre eventuales cobros adicionales que dificultarían el acceso a dichos espacios.
El Decreto 315 de 2024 dispone que el IPES elabore un Protocolo de Uso y Aprovechamiento Económico del Espacio Público, el cual sustituye a la Resolución 267 de 2020. Entre las disposiciones previstas se encuentran regulaciones para un total de 34 actividades, siendo el comercio ambulante una de las principales áreas de atención.
Entre los testimonios, se escucharon declaraciones en las que se denunciaba que la nueva regulación podría generar mayores dificultades para quienes dependen exclusivamente de esta actividad para su subsistencia. Algunos vendedores expresaron que la medida podría favorecer a empresas con mayor capacidad económica, lo que alteraría la dinámica tradicional de ocupación.
Diversas organizaciones y autoridades han mostrado su preocupación y respaldo hacia los comerciantes. Entre ellas, la concejala Heidy Sánchez y la ONG Temblores, quienes han pedido que el proceso de ajuste normativo incluya un diálogo efectivo con la población afectada, garantizando el derecho al trabajo sin condiciones que perjudiquen
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