La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la apertura del proceso de inscripción de candidaturas para la Presidencia y Vicepresidencia de la República de cara a las elecciones nacionales programadas para 2026. Según la autoridad electoral, el periodo de inscripciones iniciará el sábado 31 de enero y se extenderá hasta el 13 de marzo, cubriendo así las etapas previas al desarrollo de los comicios que tendrán lugar el 31 de mayo de ese mismo año.
En el margen de este cronograma, la entidad precisó que existe un procedimiento particular para quienes busquen ser candidatos y resulten seleccionados en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo—fecha en la que coincidirá la jornada de elección del Congreso de la República. Estos aspirantes tendrán un plazo adicional de cinco días hábiles posteriores a la publicación oficial de los resultados, tal como lo determina el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.
La inscripción de las candidaturas—ya sea para fórmulas presidenciales escogidas por consultas o mediante otros mecanismos—debe realizarse presencialmente en la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicada en Bogotá. Las autoridades han dispuesto que todo el procedimiento se adelante previa solicitud de cita a los correos jjrocha@registraduria.gov.co, con copia a mapinto@registraduria.gov.co. Esta gestión corresponde a las personas facultadas como candidatos, representantes legales, delegados, integrantes de comités inscriptores o gerentes de campaña.
Los actores habilitados para inscribir candidaturas en este periodo son diversos. La convocatoria está abierta a partidos y movimientos políticos con personería jurídica otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y coaliciones. Adicionalmente, se autoriza el registro de promotores del voto en blanco entre los aspirantes registrados. De igual forma, la Registraduría exige el envío previo de documentación soporte a los mencionados correos electrónicos, con el fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la inscripción y la posterior programación de la cita.
En cuanto a las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo, ya se han confirmado dos bloques principales de aspirantes. Por un lado, la coalición de centro-derecha denominada Gran Consulta por Colombia reúne las siguientes figuras: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Naíbal Gaviria Correa, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa. Por su parte, la consulta de centro-izquierda, denominada Frente por la Vida, define su lista de precandidatos entre Iván Cepeda Castro, Roy Barreras, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo y Daniel Quintero.
No obstante, la participación de algunos de estos aspirantes está sujeta a determinaciones pendientes del Consejo Nacional Electoral. En el caso de los precandidatos Iván Cepeda y Daniel Quintero, la autoridad deberá resolver si pueden ser incluidos en la consulta de marzo, debido a su participación previa registrada en otra consulta durante octubre de 2025. Esta situación se deriva de que en la fecha citada se celebró una consulta originalmente interna del Pacto Histórico que, por falta de personería jurídica como coalición unificada, pasó a ser interpartidista tras la salida de algunas fuerzas políticas como la Unión Patriótica y el Partido Comunista.
Dentro del marco legal vigente, el CNE se enfrenta ahora a dilucidar si la consulta efectuada en octubre fue interna o interpartidista, ya que esta calificación determina la posibilidad de que Cepeda y Quintero participen nuevamente en marzo de 2026. Según lo establecido por la ley, la doble aparición de un candidato en dos consultas de carácter interpartidista no está permitida.
A raíz de estos movimientos en las alianzas, la consulta terminó realizándose entre solo dos candidatos: Iván Cepeda y Carolina Corcho, ambos respaldados institucionalmente por el Polo Democrático. Daniel Quintero, si bien había renunciado días antes, figuró en la tarjeta de votación, lo que generó un escenario de definición pendiente sobre su estatus de elegibilidad para futuras consultas.
El proceso electoral, que contempla etapas previas y diversos filtros técnicos y jurídicos, avanza bajo la vigilancia de los organismos pertinentes, en espera de los desarrollos propios de la dinámica política nacional. El cumplimiento de los protocolos y el respeto de los plazos estipulados, tanto para inscripción como para resolución de impugnaciones, forma parte de los mecanismos para garantizar transparencia en la contienda prevista para 2026.
Mientras tanto, las diferentes agrupaciones políticas, movimientos ciudadanos y promotores del voto en blanco se preparan para atender los requerimientos administrativos y técnicos del procedimiento de inscripción. La convocatoria de la Registraduría Nacional enfatiza en la correcta presentación de documentos y el respeto estricto a los tiempos, tanto para candidatos como para organizaciones que los avalen.
Este nuevo proceso electoral incorporará dinámicas de consulta y participación ciudadana relevantes en el contexto político actual, donde se destacan alianzas, coaliciones y la importancia de las decisiones adoptadas por la autoridad electoral frente a vacíos o controversias normativas. El cronograma establecido por la Registraduría y el CNE orienta las distintas fases de las elecciones presidenciales de 2026, que se perfilan como un acontecimiento de amplio seguimiento nacional e internacional.
