Una reciente investigación periodística ha puesto bajo el reflector el proceso de recolección de firmas que respalda la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con información obtenida y publicada por la periodista Cecilia Orozco, la Registraduría Nacional invalidó el 62% de las firmas presentadas por la campaña, lo que representa una proporción significativa en comparación con el total de apoyos entregados.
La cifra surge tras el análisis de 5.079.000 firmas que la campaña radicó para cumplir con el requisito de inscripción. Orozco detalló en su columna que las inconsistencias detectadas por la autoridad electoral abarcaron diversos aspectos y, como resultado, solo 1.978.108 rúbricas fueron admitidas como válidas dentro del proceso.
El informe incluye la revisión de 159.700 formularios con renglones en blanco, los cuales fueron automáticamente descartados. Con base en la información filtrada, se identificaron las siguientes causas de anulación en la validación realizada por la Registraduría:
- Datos que no corresponden: 1.437.677
- Datos no ANI: 1.025.663
- Registro duplicado: 273.211
- Datos ilegibles: 152.028
El alto número de apoyos invalidados ha dado pie a pronunciamientos desde distintos sectores políticos. Líderes y figuras públicas como Juan Fernando Cristo, Gustavo Bolívar y María José Pizarro manifestaron sus posiciones respecto a la calidad y autenticidad del respaldo entregado por la campaña de De la Espriella.
Paralelamente, la periodista Orozco señaló la falta de divulgación oficial sobre las cifras completas y la identidad de los candidatos cuyas firmas no cumplieron los requisitos, tema sobre el que han existido solicitudes públicas de acceso a la información. La negativa institucional llevó a que la información detallada se conociera por medio de fuentes reservadas y no a través de canales oficiales del organismo electoral.
Este episodio ocurre en simultáneo a una queja disciplinaria instaurada por David Murcia, antiguo cliente de De la Espriella, por presuntas irregularidades en el ejercicio profesional del abogado y acusaciones sobre presuntos cobros excesivos de honorarios, sumándose a otros debates relacionados con la transparencia y ética en el entorno político actual.
La atención se concentra, además, en el proceso interno de verificación y publicación de datos por parte de la Registraduría, bajo la dirección de Hernán Penagos, especialmente puesto que se trata de información relevante en el marco de una contienda presidencial. La columna de la periodista plantea interrogantes sobre los estándares de transparencia en la divulgación de estos datos.
Mientras persiste la discusión sobre la calidad y legitimidad de las firmas recolectadas, el proceso de inscripción de la candidatura continúa sujeto a las reglas y tiempos definidos por la autoridad electoral, en medio del seguimiento y atención pública que suscitan estos hechos.
La situación ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control y veeduría en la inscripción de candidatos por firmas, así como los procedimientos de validación implementados en el país.
Queda así documentada una parte significativa del proceso previo a la inscripción definitiva de aspiraciones presidenciales, etapa fundamental en el actual panorama político nacional.
