El cronograma no puede ser indefinido. Fusagasugá necesita un plan que se ajuste al crecimiento de la ciudad y a las proyecciones a 20 años.
Opinión
Por: Bernabé Gámez Hernández
Se plantea amplia participación de las organizaciones Sociales. El alcalde John Jairo Hortua y sus asesores tienen que consultar la voluntad de un pueblo.
Los expertos en planeación y desarrollo social no se explican por qué los alcaldes y sus asesores no encuentran el lenguaje sencillo que permita la redacción del POT, en este caso el de Fusagasugá, que se ha convertido “en una misión imposible”, a pesar de los esfuerzos de los genios que participan en su definición.
Luego de una serie de exposiciones sobre lo que ha sucedido con el plan en nuestra ciudad, concejales de la coalición formularon duros cuestionamientos al alcalde Hortua y a sus asesores, por el manejo equivocado que le han dado a las deliberaciones de este controvertido proyecto.
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Jairo Hortúa Villalba, alcalde de Fusagasugá, Cundinamarca[/caption]
Pará este lunes se ha convocado la apertura de la socialización, es decir sobre el contenido del proyecto que hasta ahora va a ser consultado con los diversos grupos de opinión.
Un desprevenido ciudadano se pregunta: ¿que se esconde en el nuevo POT para Fusagasugá? ¿Será que existe otro tipo de intereses económicos? ¿Quiénes persiguen el contexto general de este plan?
Se puede concluir hasta ahora que la opinión general está dispuesta a enfrentar cualquier decisión equivocada del alcalde Hortua y sus asesores.
EL MISTERIO DE LOS POT’S
Veamos; hoy se plantea una coyuntura de gran trascendencia, si gobernadores y alcaldes determinan la aprobación de los POT’S que se constituyen en el punto de partida para ordenar las inversiones y todo el aparato productivo de cada región colombiana.
Surge una clara advertencia: si no hay POT tampoco habrá planes de desarrollo que ya fueron aprobados por alcaldes y gobernadores. Estos mecanismos perdieron toda importancia cuando penetró la pandemia al territorio colombiano. Se conoce que estos mecanismos incluyen un voluminoso paquete de iniciativas que buscan llegar a cada punto de la geografía nacional.
LA EJECUCIÓN DEL PLAN
Después de todos los episodios que estremecieron la salud en el mundo, los gobernantes territoriales tienen un compromiso histórico: ejecutar el presupuesto de inversión para el presente año. Los recursos con destinación específica se deben ejecutar de acuerdo con las normas constitucionales, o quedan expuestos a las sanciones de la ley.
Los cuenta chistes dice que “los corruptos colombianos se encuentran en período de cuarentena”. Tal actitud obliga a las personas de bien a cerrar filas para cuidar la plata de las inversiones públicas. Esos expertos en corrupción se encuentran listos para dar un certero golpe a los dineros que van con destino a las obras públicas en cada municipio del país.
Habrá feria de contrataciones y los corruptos seguramente están listos para meterle la mano a estos recursos que han recibido la aprobación de todas las esferas del Estado y que se orientan a disminuir los niveles de pobreza.
¿Y HABRÁ CAMBIOS?
Aparentemente los gobernantes están muy contentos con las nóminas de sus colaboradores y no se advierte ninguna posibilidad de introducir cambios en la conformación de sus gabinetes regionales. Al parecer existen muchos compadrazgos que se convierten en piezas inamovibles en una clara actitud de politiquería.
Otro hecho lamentable. Casi todos los gobernantes regionales, gobernadores y alcaldes, se rajan en las calificaciones de su gestión administrativa en algo más de un año.
De manera extraordinaria está sobresaliendo el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos. El funcionario surgió cuando llegó la pandemia y de manera fulgurante tuvo muchos aciertos y mostró una gran capacidad para manejar las medidas de emergencia que inclusive tenían la aprobación del Presidente de la República.
A nivel de alcaldías pasan raspando los mandatarios de Bogotá, Claudia López, y de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Es una vergüenza nacional que de mil cien alcaldes sólo pasan la prueba estos dos, mientras que en treinta y tres gobernaciones sólo califica nuestro mandatario cundinamarqués.
Aquí se refleja la incapacidad manifiesta y el desconocimiento del Estado por parte de quienes manejan los asuntos públicos regionales.
Que puede ocurrir en Colombia si estamos próximos a dos procesos eleccionarios, uno de Congreso de la República y el otro el presidencial.
Está en juego el futuro de la Patria y un error de los electores pondría en peligro la vigencia plena de nuestra democracia.
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