La norma se encuentra en redacción y perfeccionamiento. Es muy probable que antes de finalizar enero el alcalde García Fayad dé a conocer los alcances de la medida que busca detener el incremento de la población adicta en Fusagasugá, Cundinamarca, principalmente menores de edad.
Sobre la estrategia se supo durante el acto de posesión del nuevo alcalde el pasado lunes primero de enero, jornada que permitió conocer otros aspectos sustanciales dentro del trabajo que desarrollará hasta el 2027.
“Recuperaremos los lugares utilizados para el consumo y tráfico estupefacientes”, dijo entonces, observando que la misión estará acompañada de estrategias educativas y de ayudas a los adictos.
Esta parte del discurso le dio paso al tema de la inseguridad. Se le entendió que el problema de adicción a los estupefacientes se encuentra ligado a la inseguridad y buena parte de hechos ilegales.
Fusagasugá y otros alcaldes toman medidas similares
La tendencia va en aumento. En Cundinamarca y a nivel nacional ya son varios los gobiernos municipales que se apartaron de las políticas del presidente Gustavo Petro en materia de consumo de estupefacientes.
Posición similar adoptó el alcalde de Soacha, Julián Sánchez. El miércoles anterior (3 de enero) promulgó el Decreto mediante el cual prohíbe el consumo de alucinógenos en espacios públicos, particularmente en entornos educativos y parques.
Esta ciudad, una de las más populosas de Cundinamarca, enfrenta serios problemas por cuanto muy buena parte de su territorio limita con zonas críticas de Bogotá. Tal condición lo infectó de grupos criminales que operan a los dos territorios.
Se sabe que otros municipios del departamento están adoptando medidas similares y que, con el paso de los próximos días, se irán conociendo más decisiones de ese tipo.
En Girardot, convertida hoy en una de las ciudades con mayores problemas de criminalidad, el alcalde Salomón Said Arias se encuentra en etapa de redacción de la norma correspondiente.
Al igual que en otras poblaciones del país, la mayor parte de los delitos se encuentran asociados en consumo y tráfico de estupefacientes. Buena parte de la dirigencia es partidaria de que se restrinja el consumo de drogas psicoactivas.
Las voces más fuertes contra la decisión del presidente Petro se hicieron sentir en boca del alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán. Beltrán Martínez advirtió que no permitirá la comercialización de drogas en zonas cercanas a colegios, espacios públicos y parques de la ciudad.
Petro despenaliza dosis personal
En medio de intensa controversia y con argumentos que no lograron convencer al grueso de los nacionales, el Presidente colombiano insistió en la defensa de su decisión del pasado 7 de diciembre. Anuló el Decreto 1844 de 2018 del ex presidente Iván Duque. Este último establecía sanciones administrativas para el porte de dosis mínima de drogas, medida que ahora ha sido eliminada.
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Duque Márquez, en tono fuerte, señaló que Petro Urrego, con su decisión de eliminar las multas a aquellos que porten droga para uso personal pretende favorecer la criminalidad. En redes sociales mostró preocupación; afirmó que la medida premia a los "jíbaros" (narcotraficantes), al legalizar el microtráfico y afectar la seguridad en parques y espacios públicos.
Por su parte, el Mandatario Nacional, a través de su cuenta en la red social X, rechazó estas críticas. Argumentó que la lucha contra el narcotráfico no debería centrarse en la persecución de campesinos cultivadores de hoja de coca y jóvenes consumidores pobres. En su mensaje, denunció la supuesta connivencia del poder con grandes capos del narcotráfico y cuestionó la efectividad de las acciones emprendidas hasta ahora.
Justificaciones del Gobierno Nacional
En respuesta a las críticas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó en un video que la derogación del Decreto no implica la despenalización del tráfico ni del microtráfico de drogas.
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Señaló que el gobierno anterior había establecido multas para el porte de dosis mínima, y la nueva disposición simplemente elimina esa sanción, ajustándose a las decisiones de la Corte Constitucional. En su entender éstas indican que el porte no puede ser sancionado administrativamente.
Hizo hincapié en que todas las normas de penalización de la comercialización de drogas y el narcotráfico siguen vigentes en el país. Además, mencionó una normativa de 2021 que restringe el consumo en lugares públicos, dejando claro que el gobierno busca regular el tema de manera más efectiva.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respaldó la medida, indicando que el Decreto busca ajustar la normativa a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.
