La Procuraduría General de la Nación avanzó en las averiguaciones encaminadas a esclarecer si Luz Fany López, anterior titular del despacho de Educación en el municipio, incurrió en falta por las demoras en el inicio del Programa de Alimentación Escolar.
Concretamente, el Ministerio Público dio comienzo a las indagaciones sobre todo lo que rodeó la aplicación del PAE para los estudiantes de los centros educativos oficiales de Fusagasugá.
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Los cargos contra López Vargas “se derivan de su presunta omisión de deberes relacionados con el Programa de Alimentación Escolar PAE” que habría enfrentado retrasos durante el 2021 y 2022.
Primeras decisiones de los investigadores
En principio y ante esa circunstancia, la Procuraduría le formuló dos cargos a la ex funcionaria. “El primero se relaciona con la demora en el inicio del PAE en 2021, que (…) dejó a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios sin recibir alimentos durante 34 días al comienzo del año escolar”.
Según estima ese organismo investigativo, el retraso podría haberse evitado si “se hubieran cumplido adecuadamente los deberes de la Secretaria”.
Un segundo punto en los señalamientos contra López Vargas se centra en la revocatoria del proceso de licitación inicial.
Ello, aparentemente, generó demoras en la contratación “debido a la falta de diligencia en la expedición de los documentos necesarios para gestionar el proceso”.
Más observaciones
Además, considera la Procuraduría, que solo a finales de noviembre de 2021, la funcionaria habría aportado el acuerdo que autorizaba al mandatario local a comprometer vigencias futuras. Esa circunstancia, habría postergado la apertura del proceso de selección y la ejecución posterior del PAE una vez comenzaron las actividades académicas en 2022.
En consideración del mismo organismo de control, el tema amerita calificarlo, provisional y presuntamente, como “conductas (…) gravísimas a título de culpa grave”. Dice que en estas acciones podrían haber desconocido los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación pública.
Tomando el caso, el Ministerio Público insiste en que, con lo actuado, busca garantizar la transparencia y la eficiencia en la implementación de programas esenciales como el PAE. Lo anterior, considerando que impactan directamente en la vida de los estudiantes y sus familias.
“La Procuraduría General de la Nación continuará con la investigación para determinar la responsabilidad en este caso y tomar las medidas correspondientes”, subraya.
