Son algo más de $100 mil millones. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca entró a evaluar en firme la acción popular instaurada por la Universidad de Cundinamarca contra el Ministerio de Hacienda, en busca de que se hagan efectivos los giros que por Ley 30 le adeuda en lo correspondiente a los años 1.993 y 1994 y los adecuados ajustes anuales. Las partidas corresponden al interés de “garantizar el servicio público educativo para que su prestación sea eficiente y oportuno”.
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