Por presunta irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Fusagasugá, Cundinamarca, el ex alcalde Luis Cifuentes Sabogal y varios de sus subalternos fueron incluidos en proceso de formulación de cargos.
De acuerdo a lo preciado por el Ministerio Público, el ex mandatario pudo incurrir en faltas al no tener en cuenta los procedimientos legales para este tipo de negociación estatal.
“Al parecer Luis Antonio Cifuentes Sabogal suscribió los estudios previos para un contrato, superior a los $5.000 millones, sin haber realizado el análisis de costos requerido”, observa la PGN.
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El reporte oficial sobre esta novedad habla de la posible participación de otros seis funcionarios de la misma administración, quienes habría incurrido en las mismas faltas ahora motivo de evaluación.
PAE y posibles omisiones de Luis Cifuentes
Cifuentes Sabogal, alcalde de Fusagasugá entre el 2022 y 2023, en concreto, pudo incurrir en “presunta omisión de los estudios técnicos y financieros requeridos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el municipio”.
De acuerdo a lo precisado por la Provincial de Instrucción de Fusagasugá, el caso ocurrió hace 4 años. El funcionario “suscribió en 2019 los estudios previos, documento en el que se definió un valor estimado del negocio jurídico, superior a los $5.000 millones”. Sin embargo, procedió sin haber realizado el análisis de costos requerido dentro del estudio de mercado y análisis del sector.
Además, según la misma Pocuraduría, “el ex mandatario habría avalado un presupuesto que no correspondía a los precios del mercado”. Tras ellos procedieron a “adquirir lo necesario para el desarrollo del PAE durante los 131 días del calendario escolar durante la vigencia 2020 para los que se contrató”. Esa circunstancia le permitió a los investigadores calificar “la posible conducta de Cifuentes Sabogal como falta gravísima a título de dolo”.
Además del ex mandatario, la Procuraduría mantiene en verificación el compromiso de los subalternos de Cifuentes Sabogal, quienes habrían intervenido en el mismo caso.
En la mira se encuentran la ex secretaria de Educación del municipio, “Nelcy Cuéllar Ibañez y Luz Fany López Vargas; las directoras de contratación de la Alcaldía, Daneyi Martínez Herrera y Creaycy Yasmín Moreno Martínez. También el director del servicio educativo, Horacio Mariño Lozano; y la directora de la Oficina de Contabilidad, Doris Marina Rodríguez Domínguez”.
Otros casos en Cundinamarca
A nivel de Procuraduría, pocos son los casos sobre posibles irregularidades con el manejo del Programa de Alimentación Escolar en el departamento. Solo hace referencia a un caso, resuelto posteriormente, durante la administración de Jairo Hortúa por posible demora en la adjudicación del proceso durante el 2022.
Sin embargo, sí hace referencia a sucesos que merecieron profundizar en el análisis de las quejas presentadas ante el Ministerio Público. Se habló entonces, hace cuatro años, de averiguaciones sobre sucesos que afectaba a cerca de mil alumnos en varios municipios.
Ante esa circunstancia, emprendió indagación previa a las entidades involucradas en el funcionamiento del PAE en el departamento de Cundinamarca. Las investigaciones se centraron en presuntas irregularidades relacionadas con la “falta de pagos, pagos atrasados y pagos por menor valor”. También abarcaban sucesos relacionados con aparente omisión de aportes de prestaciones sociales en los contratos de las ecónomas o manipuladoras de alimentos del programa.
La situación, denunciada por varios ciudadanos alcanzó su punto crítico el 18 de octubre de 2022. El personal encargado de la preparación y distribución de alimentos se declaró en cese de actividades en los municipios de Bituima, Villapinzón, Tausa, Sopó, Pacho y Bojacá. Esta acción dejó desatendidos a más de 1.000 beneficiarios del programa, generando preocupación en la comunidad.
En medio de ese escenario, Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca avanzó en la investigación para determinar las razones detrás de los presuntos incumplimientos que llevaron al cese de actividades. Buscaba esclarecer por qué los diferentes actores no cumplieron adecuadamente con sus obligaciones en el marco del programa, y si esto constituye una falta disciplinaria.
Como parte de la investigación, se realizaron pruebas para verificar la veracidad de los hechos reportados a fin de determinar si estos son constitutivos de una falta disciplinaria. Esos casos no pasaron a mayores; fueron rápidamente resueltos.
Luis Cifuentes Sabogal volvió a presentarse como candidato a la Alcaldía el año pasado. La votación no le alcanzó.
