*Opinion: Las opiniones expresadas en esta columna son personales y pertenecen exclusivamente al autor, sin reflejar necesariamente la postura editorial del medio o de sus empleadores/afiliados.
El río que advirtieron
Un río cambió su curso. Y con él cambió la historia de quienes vivían de sus aguas.
El Sinú no solo se desbordó: arrasó con casas, escuelas, cultivos y certezas. Más de 140.000 damnificados, miles de viviendas destruidas, decenas de colegios cerrados y decenas de miles de hectáreas productivas convertidas en lodo. Pero reducir la tragedia a cifras sería un error. Lo que ocurre hoy en Córdoba no es únicamente una emergencia climática. Es la consecuencia de decisiones políticas, de instituciones capturadas y de advertencias ignoradas durante décadas.
El Alto Sinú ya había sido escenario de una disputa profunda entre desarrollo y territorio. Cuando la hidroeléctrica Urrá avanzaba en los años noventa, un líder Embera Katío decidió hacer lo más peligroso que podía hacerse en Córdoba en esa época: hablar. Kimy Pernía Domicó denunció que la vida de su pueblo estaba siendo alterada sin garantías, sin consulta real y sin protección efectiva para su comunidad. No era una opinión. Era una advertencia.
Hubo movilizaciones. Hubo resistencia. Hubo un adiós simbólico al río antes de que las compuertas sellaran su destino. La central entró en operación en el año 2000. Y en 2001, Kimy desapareció. Años después, Salvatore Mancuso reconoció la responsabilidad de las AUC y señaló que la orden provino de Carlos Castaño. El país escuchó la confesión. Pero el miedo quedó instalado.
Hoy, cuando el Sinú vuelve a desbordarse, la pregunta regresa: ¿qué fue lo que se intentó silenciar en el Alto Sinú?
La tragedia actual ocurre en un contexto donde la empresa Urrá, estratégica para el Estado, ha sido señalada por politización interna, cambios de estatutos, juntas enfrentadas, nombramientos con cercanía política y decisiones técnicas cuestionadas. Medios regionales han advertido sobre la influencia de clanes políticos en su dirección. No es un fenómeno aislado: responde a un patrón nacional de instituciones públicas convertidas en fortines electorales.
Paralelamente, el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dejó al descubierto cómo recursos destinados a mitigar emergencias terminaron presuntamente en redes de favores políticos. La Corte Suprema negó libertad a un congresista involucrado en ese proceso. La paradoja es brutal: quienes debían prevenir el desastre hoy aparecen exigiendo ayuda.
Mientras tanto, comunidades enteras se defienden como pueden, levantando jarillones improvisados y salvando lo poco que no se llevó el agua. El Gobierno Nacional intenta activar todos los mecanismos disponibles: despliegue de ayudas, solicitud de declaratoria de emergencia económica, coordinación interinstitucional y recursos extraordinarios para mitigar el impacto. Pero la respuesta no depende solo de la voluntad política. La Corte Suprema examina, cuestiona y duda frente a las medidas excepcionales. En medio de ese pulso institucional, la región se hunde. El debate jurídico continúa. El agua no espera.
Pero hay algo aún más perturbador: la campaña electoral en medio del lodo. Ayudas marcadas con logos partidistas, candidatos posando entre los damnificados, mercados entregados como si fueran propaganda. La tragedia convertida en tarima.
La política puede sacar lo peor de las personas cuando el poder se convierte en obsesión. Y lo que vemos en Córdoba es el resultado de años de captura institucional, de decisiones que privilegiaron intereses electorales sobre criterios técnicos y ambientales.
¿Es esto un desastre natural? Sí, hay lluvias. Pero también hay decisiones humanas. También hay manejo del embalse, planificación deficiente, recursos desviados, control debilitado. El clima no explica todo.
Kimy Pernía advirtió que alterar el río sin escuchar a quienes lo habitaban tendría consecuencias. Veinticinco años después, el Sinú parece responder con la memoria que el poder intentó borrar.
Cuando un territorio pregunta cuánto cuesta incomodar al poder, la respuesta no suele venir en discursos. Viene en silencio. En desapariciones. En inundaciones.
La pregunta que queda no es solo quién debe responder políticamente. Es si Córdoba seguirá aceptando que su destino sea administrado como botín.
Un río puede guardar memoria.
La sociedad decide si la escucha.
