*Acoso sexual de oficial de la Policía en Tocancipá, Cundinamarca. La Procuraduría, en decisión de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 10 años a quien fuera comandante de la Policía en esa ciudad.
El caso fue asumido por el Ministerio Público luego de recibir información, según la cual, el entonces teniente del cuerpo uniformado, José Daniel D.D., cayó en prácticas censurables contra una subalterna suya.
Se trata de una decisión mediante la cual, la Procuraduría dice que los episodios censurables ocurrieron, el menos, en dos oportunidades.
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Otras conductas de características similares han sido reportadas e investigadas por los mismos organismos de control tanto en Cundinamarca como en el país.
Acoso sexual en la Policía: Tocancipá, Cundinamarca
La decisión sobre el caso fue dada a conocer apenas iniciando nuevo año, una vez los funcionarios encargados del expediente sacaron conclusiones sobre el episodio registrado varios meses atrás.
El fallo dispone la destitución e inhabilidad del oficial que, por la época de los hechos, era el oficial encargado de las tareas oficiales de la institución uniformada en esa población.
Lo sucedido se suma a otros sucesos igualmente reportados ante las autoridades encargadas de vigilar el comportamiento de funcionarios públicos tanto en Cundinamarca como en diferentes zonas del país.
En esta oportunidad, la P.G. ratificó la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años contra el oficial de la Policía Nacional José Daniel D. D. Según la determinación, el hoy capitán sobrepasó las líneas morales y éticas que debe observar en el cumplimiento de sus deberes.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron cuando el uniformado se desempeñaba como comandante de la estación de Policía de Tocancipá, municipio de la Sabana Centro de Cundinamarca.
Según lo establecido por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca, el oficial incurrió en conductas abusivas en al menos dos oportunidades, aprovechando su posición jerárquica frente a la víctima.
Conductas calificadas como gravísimas
En el fallo, el Ministerio Público fue enfático en señalar que las actuaciones del oficial no solo constituyeron una transgresión a los reglamentos internos de la Policía Nacional.
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También afectaron, “de manera directa, la dignidad, integridad y derechos fundamentales de la auxiliar”, configurando una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.
“El comportamiento desplegado por el investigado evidenció una intención deliberada de transgredir los deberes funcionales inherentes a su cargo”, precisan los encargados del caso.
Además, subraya que el proceso se adelantó bajo un enfoque de género, conforme a los lineamientos legales y a las recomendaciones internacionales en materia de protección de los derechos de las mujeres.
Igualmente, según el fallo, la gravedad de los hechos aumenta por la relación de poder y subordinación; también por el deber reforzado que tienen los miembros de la fuerza pública de actuar con respeto, disciplina y apego a la ley.
Enfoque de género y protección a la víctima
Uno de los aspectos destacados por la Procuraduría General de la Nación es que el proceso disciplinario se desarrolló aplicando un enfoque de género.
El caso de Tocancipá no es un hecho aislado. En Cundinamarca, se han conocido en los últimos años varios procesos disciplinarios y penales relacionados con acoso sexual y abuso de poder dentro de la fuerza pública y otras entidades del Estado.
Algo similar ocurrió en Soacha en el 2022. Un suboficial de la Policía fue investigado y separado del cargo tras denuncias de varias patrulleras que señalaron conductas reiteradas de acoso verbal y físico dentro de una estación del municipio. En ese caso, la Procuraduría también calificó las faltas como gravísimas, resaltando el impacto psicológico sobre las víctimas.
Otro caso parecido se conoció en Facatativá. Involucró a un instructor de una Escuela de Formación de la Policía. Fue acusado de realizar insinuaciones sexuales y tocamientos indebidos a mujeres quienes aspiraban a ingresa a la Institución. Aunque el caso aún sigue su curso en instancias judiciales, el uniformado fue suspendido preventivamente mientras avanzan las investigaciones.
Asimismo, en Zipaquirá, se registró un caso en el cual un mando medio de la misma institución fue investigado por presunto acoso laboral y sexual contra una funcionaria administrativa: esa situación derivó en sanciones disciplinarias y en la adopción de medidas de protección para la denunciante.
Antecedentes a nivel nacional
Varios casos de ese tipo han sido denunciados en diferentes zonas del país. La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía han adelantado múltiples investigaciones contra miembros de la fuerza pública por conductas relacionadas con acoso sexual, abuso sexual y violencia de género.
En Antioquia, uno de los casos más sonados ocurrió en 2021, cuando un coronel de la Policía fue destituido tras comprobarse que había acosado a varias subalternas durante años. Se aprovechaba de su posición de mando. El fallo disciplinario señaló la existencia de un patrón sistemático de conductas abusivas.
Por esa misma ápoca, en el Valle del Cauca, un capitán fue condenado por actos sexuales abusivos contra una patrullera, hechos que ocurrieron dentro de una instalación oficial. Este caso marcó un precedente importante al evidenciar que las conductas de violencia sexual dentro de la institución también pueden tener consecuencias penales, además de disciplinarias.
En Bogotá, la Procuraduría informó sobre múltiples investigaciones en curso por acoso sexual dentro de distintas dependencias policiales, lo cual ha llevado a reforzar los protocolos internos y las campañas de prevención.
Marco legal y disciplinario
El acoso sexual en Colombia está tipificado como delito en el Código Penal (artículo 210 A), y en el ámbito disciplinario se considera una falta gravísima cuando es cometida por servidores públicos. La condición se torna más grave si existe abuso de poder o jerarquía.
Así, el caso del oficial sancionado en Tocancipá, la Procuraduría determinó que su conducta vulneró principios fundamentales de la función pública. También, posiblemente, aspectos relacionados con la moralidad, la dignidad humana, la igualdad y el respeto por los derechos humanos.
