Además de los procedimientos en Cajicá, Cundinamarca, la Fiscalía intervino en Bogotá, Santa Catalina (Bolívar), Aguachica (Cesar) y Sincelejo (Sucre). La peligrosa mercancía era movilizada, incluso, en buses y otros automotores particulares sin las precauciones de rigor.
Los procedimientos de la Fiscalía General se cumplieron en el marco de la estrategia “Argenta”, luego de meses de investigaciones, seguimientos y meticulosos trabajos encomendados a grupos especializados.
Con los bienes y la red dieron las autoridades luego de acopiar información en varias regiones del país. Buscaban cortar los hilos de las redes dedicadas a este mercado, asunto que podría tener conexión con atentados terroristas y minería ilegal.
Trabajos investigativos
Tras varios meses de rastreo, lo agentes hallaron los primeros indicios. Se encontraron con varios negocios dedicadas a la venta de variedad importante de productos, en particular los utilizados en faenas agropecuarias.
Los investigadores se dieron cuenta que, en numerosas oportunidades, la banda programaba remeses de lo que marcaban como abono. En realidad se trataba de explosivos.
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El asunto más grave era que, la mayoría de las veces, acudían al transporte intermunicipal de pasajeros para enviar sus paquetes. Utilizaban ese método con el propósito de mantenerse lejos de las miradas de las autoridades. Lo grave es que no tenían en cuenta el riesgo en que colocaban a los viajeros.
Conforme al material probatorio alcanzado por el grupo combinado de investigadores, “la red ilegal aprovechaba que adquiría explosivos en polvo y los hacía pasar como abonos agrícolas y/o fertilizantes. De esta manera evadía los controles de las autoridades”.
Resalta e insiste la Fiscalía en que, lo más delicado, “el material era transportado como encomiendas o en buses intermunicipales, lo que representaba un riesgo inminente para pasajeros, conductores y otros actores viales”.
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Todo el trabajo estuvo a cargo de fuerzas conjuntas integradas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Seccional Cundinamarca. Intervino la DIJIN de la Policía Nacional.
Los bienes incautados tienen un valor superior a los $1.800 millones. Todo fue cobijado con “medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración”.
A manos de las autoridades pasaron 3 inmuebles urbanos, 2 vehículos y 7 establecimientos de comercio.
