En una contundente acción que refuerza su compromiso con la legalidad ambiental, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en un operativo conjunto y sorpresivo con el Ejército Nacional (Grupo Espolín), logró intervenir y suspender de manera inmediata una planta procesadora de plásticos que operaba de manera irregular y sin ningún tipo de licencia en el casco urbano de Soacha.
El hallazgo, realizado en la madrugada del 23 de enero de 2025, puso al descubierto una actividad industrial de almacenamiento y aprovechamiento de materiales que, lejos de ser un ejemplo de reciclaje formal, estaba comprometiendo gravemente la salud de los ecosistemas locales al invadir y contaminar áreas protegidas de especial sensibilidad.
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Hallazgos Alarmantes: Lavadora "Hechiza" y Vertimiento Directo a Quebradas
El equipo interdisciplinario de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), apoyado por expertos del laboratorio ambiental de la corporación, encontró en el predio una operación de gran escala dedicada a la recuperación y procesamiento primario de plástico post-consumo.
Lo más alarmante para las autoridades no fue la actividad en sí, sino el método destructivo descubierto: una maquinaria artesanal denominada "lavadora hechiza", la cual era utilizada de manera intensiva para limpiar envases, botellas y bolsas plásticas.
Mediante pruebas técnicas de trazabilidad con tintura realizadas in situ, los expertos ambientales confirmaron que los residuos líquidos de este lavado —cargados de químicos, grasas, sedimentos y microplásticos— eran descargados directamente, sin ningún tipo de conducción o tratamiento, a dos quebradas sin nombre que atraviesan la zona y que alimentan el sistema hídrico regional.
Impacto Técnico: La Grave Afectación a la Ronda Hídrica y los Acuíferos
Bryan Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR, explicó con detalle las graves implicaciones técnicas y ecológicas de esta actividad ilegal.
Según el funcionario, la ocupación y aplanamiento de la franja de protección o ronda hídrica (establecida legalmente en aproximadamente 30 metros a cada lado del cauce) altera de forma crítica la capacidad natural del suelo.
"Este tipo de prácticas modifican los caudales superficiales, eliminan la vegetación de amortiguamiento, afectan los procesos de recarga de acuíferos y aumentan exponencialmente el riesgo de sedimentación, inundaciones y contaminación persistente del recurso hídrico.
No es solo un delito administrativo, es un atentado contra la salud pública y la biodiversidad", advirtió Martínez con severidad.
Durante la inspección técnica detallada que duró varias horas, las autoridades procedieron a la incautación preventiva y al registro minucioso de los siguientes elementos en el sitio:
- Una picadora eléctrica industrial equipada con motores trifásicos de alta potencia para triturar el plástico.
- Dos lavadoras artesanales adicionales que se encontraban inactivas pero listas para operar.
- Un inventario de aproximadamente 150 bultos de material aglutinado (plástico triturado y compactado), producto final listo para la venta.
- Amplias zonas del predio destinadas al acopio desorganizado de plástico crudo, en condiciones de insalubridad.
Suspensión y Estrategia: Cero Tolerancia con los Delitos Ambientales
Ante la evidencia irrefutable de la ocupación del cauce, el vertimiento ilegal y la operación sin permiso de aprovechamiento, la CAR impuso la suspensión inmediata y total de todas las actividades en el predio, sellando la maquinaria.
Esta acción no es aislada; forma parte de una ambiciosa y agresiva estrategia institucional para el año 2025, en la cual la corporación se ha propuesto superar la meta de los 70 operativos de alto impacto en colaboración con la fuerza pública en toda su jurisdicción.
Con 65 años de experiencia en la protección del territorio, la entidad reafirmó que no permitirá que actividades industriales informales y depredadoras pongan en riesgo la sostenibilidad de las fuentes hídricas, tanto superficiales como subterráneas, que abastecen a millones de habitantes en la región.
El caso pasará ahora a la etapa de investigación y podría culminar en cuantiosas multas y procesos penales para los responsables.
