Cundinamarca se encuentra en riesgo de perder $71 mil millones invertidos en el Acueducto Regional La Mesa - Anapoima, debido a problemas detectados en la ejecución del proyecto. Ello podría afectar la culminación y puesta en funcionamiento el sistema de suministro de agua advierte la Contraloría General.
Hace 17 años inició la obra y la millonaria suma se encuentra en peligro. La Contraloría también programó una "indagatoria" preliminar por posible pérdida de materiales.
El Ministerio de Vivienda, Findeter y las Empresas Públicas de Cundinamarca están siendo vigilados.
Lo anterior es resultado del Seguimiento Permanente realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico. Su ejercicio identificó varios riesgos inminentes de afectación a los recursos ya invertidos en el proyecto. La inversión realizada a la fecha asciende a $71,871 millones (exactamente $71.871.440.369), y el riesgo de pérdida es grave.
Peligran inversiones en el Acueducto Anapoima – La Mesa
Hace 17 años iniciaron la obra. La millonaria suma se perdería “si no se superan problemas” detectados en la ejecución del proyecto, dice la Contraloría General. También programó “indagatoria” preliminar por posible pérdida de materiales.
De lo anterior advirtió el titular de ese organismo de vigilancia, Carlos Hernán Rodríguez Becerra. Explicó que, en razón a ello, bajo observación se encuentran Ministerio de Vivienda, Findeter y las Empresas Públicas de Cundinamarca.
La “advertencia es resultado del Seguimiento Permanente realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico”. Su intervención detectó “varios riesgos inminentes de afectación a los recursos ya invertidos en este proyecto”.
Reitera la CGR que existe “riesgo grave de perder la inversión realizada a la fecha, correspondiente a $71,871 millones (exactamente $71.871.440.369)”. La amenaza se debe a que la culminación y puesta en funcionamiento del proyecto no están aseguradas.
Origen de las posibles anomalías
En concreto, la finalización de la obra depende de la “aprobación de otra reformulación que adicione recursos y prorrogue el término contractual”.
Según dice la Contraloría General, el contrato debía terminar el 20 de marzo de 2023, pero que el 15 de marzo de ese mismo mes se suscribió una nueva modificación. Significa que los contratos de obra e interventoría se extendieron tres meses más, es decir, hasta el 19 de junio de 2023.
“La CGR considera que en ese plazo, posiblemente, no sería viable cumplir con el objeto contractual”. En otras palabras, la construcción y puesta en marcha de la obra (acueducto Anapoima – La Mesa) “podría no estar terminada para el 19 de junio del año en curso”.
En ese orden, según la misma autoridad, se estarían configurando varios riesgos. Éstos son relacionados así:
-De no poderse concluir el proyecto, se afectará a cerca de 100.000 habitantes de Anapoima y La Mesa. Ellos tienen la expectativa de acceder al servicio de agua potable desde el año 2006, como mejora en la calidad de vida.
-Igualmente, con las variaciones hechas al proyecto, el costo del metro cúbico de agua será superior al inicialmente previsto, impactando con ello la economía de la población.
-También se observa que el caudal puede ser insuficiente para cubrir el consumo actual de la población que se prevé sea para el presente año de 127,72 litros por segundo. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tiene el compromiso de suministrar 43.75 litros por segundo.
En ese orden, según la misma Contraloría General, solo podría ser atendida el 34% la demanda.
Afectación al Medio Ambiente
-Se observa igualmente un impacto ambiental, debido a las obras adelantadas en el sector denominado Chivo Negro en el municipio de Bojacá.
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Allí se realizaron tratamientos silviculturales y siembras de individuos arbóreos que hoy, ante los retrasos del proyecto, evidencian su crecimiento sobre el eje de la tubería instalada. Ello hace necesario remover todo ello para continuar con los trabajos.
Este tratamiento forestal (tala y/o bloqueo y traslado), podría generar un impacto negativo en la línea de base ambiental actual del sector.
-También se denota un impacto económico debido a la falta de planeación reflejada en la precariedad de los estudios previos desde el inicio del proyecto. También en distintas condiciones de retraso y adiciones en tiempo y recursos, que amenazan la puesta en funcionamiento de la obra contratada.
Demora requerirá más inversiones
-Los atrasos en la determinación del estado de la tubería instalada en años anteriores, pueden generar incremento en los costos finales y la ampliación del término de la ejecución del proyecto.
Igualmente, al no ser suficientes los estudios para conocer las condiciones de sitio, puede implicar mayores costos por excavaciones y demoliciones adicionales.
-Los atrasos y demoras en la obtención de los permisos, pueden retardar aún más las obras.
-El incremento de la tarifa de acueducto, afectara a los municipios que deberán disponer más recursos para cubrir los subsidios aprobados para los usuarios. Ello afectaría la posibilidad de destinarlos para realizar otras inversiones.
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No se sabe cuándo finalizará la obra
Así mismo, “al ser incierta la fecha de terminación del proyecto, las condiciones de diseño iniciales para la prestación del servicio de acueducto se ven afectadas por factores demográficos”. Lo anterior teniendo en cuenta la densidad de la población.
También significa que, muy posiblemente, el proyecto requerirá dineros adicionales para la adecuación del proyecto. Estima la Contraloría que debido a la falta de “custodia el material destinado a la obra, especialmente la tubería, puede seguir perdiéndose. Significa que se estaría perdiendo buena pare de la inversión ya adelantada.
Sobre este punto la Contraloría General sustenta su citación a Indagatoria Preliminar. El punto fue detectado mediante los procesos de Seguimiento Permanente, la situación que se venía presentando en los sitios de almacenamiento de materiales del proyecto.
