El concejal de Zipaquirá, Cundinamarca, Edgar Anteno Triana Amórtegui denunció públicamente en la última sesión del Concejo Municipal, que ha sido objeto de amenazas por parte de 11 personas.
El concejal Triana explicó que ha recibido amenazas directas contra su vida, las cuales fueron realizadas en el recinto del Concejo Municipal de Zipaquirá, la tarde del viernes 14 de abril.
Concejal de Zipaquirá, Cundinamarca, denuncia amenazas
Agregó que las amenazas en su contra no solo atentan contra su vida, sino también contra el libre ejercicio de su labor como servidor público.
Por su parte, el presidente de la Corporación, Pablo Alberto Gualteros Pulido, se solidarizó con el concejal Triana Amórtegui.
Igualmente, solicitó que se realicen las investigaciones pertinentes sobre las presuntas amenazas, garantizando así la protección de los líderes políticos y sociales del municipio.
Ya están adelantando la investigación
Las presuntas amenazas ya están en investigación, para posterior recibir la sanción adecuada por parte de las autoridades competentes.
Cabe destacar que este tipo de acciones afectan no solo a la persona amenazada, sino también la estabilidad y seguridad de su familia y toda la comunidad en general.
El libre ejercicio de la labor política y social debe ser protegido y respetado, para garantizar una sociedad justa y democrática.
Por ello, el concejal pidió a las autoridades que actúen con prontitud y eficacia para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los líderes políticos y sociales de Zipaquirá.
Contrarias a los principios democráticos
Las amenazas y la violencia en contra de las personas que ejercen la labor política y social, son contrarias a los principios democráticos y deben ser rechazadas de manera contundente.
Igualmente, dijo que es fundamental que se establezcan mecanismos de protección y prevención para evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro.
La seguridad de la población y de los líderes políticos y sociales es un derecho que debe ser protegido y garantizado por el Estado y las autoridades competentes.
