*Incremento en el Impuesto Predial desata polémica en Zipaquirá, Cundinamarca. Los aumentos se encuentran entre el 100, 500 y hasta el 1.200% según algunas voces crítica. Contribuyentes rurales comenzaron a organizar recursos en demanda de una revisión, o desmonte, del procedimiento aplicado para este caso.
*Informe Especial
El escenario comenzó a tornarse complejo una vez los propietarios de bienes inmuebles recibieron notificaciones sobre el monto que “deben cancelar” como resultado del nuevo avalúo catastral.
Se están dando casos, como en la vereda San Jorge, en donde algunos campesinos con parcelas deberán cancelar $7 millones, o algo más, por las cuales, hasta el año anterior, pagaban $600 mil.
Hay buen número de casos que, en su mayoría, golpean de manera particular a los pequeños propietarios rurales. Al reaccionar, comenzaron a organizarse para formularle reclamos al alcalde Fabián Rojas y a quienes impulsaron los reajustes, incluyendo al Concejo Municipal.
Impuesto Predial en Zipaquirá
Las dimensiones concretas de la actualización catastral se hicieron sentir hace pocos días, durante sesión especial programada en la vereda San Jorge con el propósito de atender reclamos y despejar dudas. Ocurrió todo lo contrario según las primeras observaciones de quienes participaron en la cita.
Algo que le subió temperatura a los ya enardecidos ánimos de los contribuyentes consiste en el sistema de contratación mediante el cual se fijaron los nuevos montos a pagar por predial.
Una de las voces más criticas fue entregada por el exconcejal de Zipaquirá Juan Guillermo Gutiérrez, quien participó en esa sesión. Sus primeras observaciones se fijan en el monto pagado al Consorcio Gestión Catastral Zipaquirá 2024 para que adelantara la tarea.
Según dijo, fueron cerca de $19 mil millones “de nuestros impuestos, pagados por nosotros, para que nos hagan avalúos (…) y nos pongan a pagar valores de 4, 5, 6, 7, 10 millones de pesos”, observó. Fue más allá; entregó un duro llamado al mandatario Rojas García: “Alcalde, (…), respete a la ciudadanía. Mis palabras son contundentes porque en este momento lo requiere”, precisó.
Durante los primeros brotes de malestar, en medios de la Administración local se comentó que se trataba de “16 casos los que tienen problemas”. “¡Mentira! Son muchísimos los casos que están presentando problemas. Como lo mencionamos días anteriores en redes sociales, hay predios que estaban avaluados catastralmente en 30, 40, 50 millones de pesos y hoy suben a 500, 600, 700, 800 millones de pesos. Un avalúo exabrupto; no es un avalúo catastral, sino es un avalúo comercial”, insistió Gutiérrez.
También rebatió una explicación de la Agencia Catastral de la Ciudad de Zipaquirá. Allí,habían indicado que la actualización había sido desarrollada por zonas homogéneas. “También es una gran mentira porque las zonas homogéneas diferencian predios dentro de esa zona homogénea; (éstos) tienen un valor de avalúo catastral diferente, que es muy, muy diferente a que los metros”, enfatizó.
Gutiérrez Gómez fue más allá. “Queremos hacer una claridad. Necesitamos que la ciudadanía se una masivamente y los invito cordialmente. Vamos a compartir por redes sociales, a través de Whatsapp, una solicitud a la Alcaldía Municipal y a los entes de control para que revisen todos los avalúos catastrales que hicieron mal”.
Otras observaciones
Muy fuerte también habló la profesional en agronomía, Jeraldyn García Arévalo. Ella, en sus redes sociales,hizo públicos varios pronunciamientos con cierto aire de severidad y reproche. Incluso, con nombre propio, se refirió a varios concejales quienes, según ella, impulsaron y defienden el modelo de actualización catastral vigente.
Adjudicación de la Actualización Catastral
Los resultados de la convocatoria para desarrollar el proceso en cuestión se conocieron el viernes 13 de septiembre del año pasado. Mediante Acta de esa fecha, las Empresas Públicas de Zipaquirá hicieron saber que la calificación seleccionó al Consorcio Gestión Catastral Zipaquirá 2024 como la firma que debía adelantar la tarea.
En la evaluación, la firma escogida sobrepuso su oferta a la entregada por GEOVALORES SAS. Así, el contrato fijaba un monto de $18.999.540.000 como el valor a pagar por el servicio. Quiere decir que el Municipio, “en realidad los contribuyentes”, debieron cancelar esa millonaria suma de dinero por un trabajo ejecutado en 3 meses (entre octubre y diciembre).
La misión de adelantar esta clase de tareas de actualización de las contribuciones por los bienes inmuebles había sido delegada al municipio por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Normas nacionales exigen que ese tema, ahora, quede en manos de las entidades territoriales. Ante esa responsabilidad, la Alcaldía (y el mandatario de la época, Wilson García Fajardo), decidió encargar la misión a la entonces Empresa Municipal de Servicios Públicos de Zipaquirá.
Sin embargo y para poder cumplir con los nuevos retos, la E.S.P. debía ajustar varios aspectos relacionados con su misión. Entonces, fue presentado un proyecto al Coadministrador local para legalizar los ajustes necesarios.
“El Concejo Municipal de Zipaquirá aprobó el Proyecto de Acuerdo número nueve (9) del 2021, el cual modifica el acuerdo municipal número 11 de 1986”, señala reporte oficial del despacho (28 de junio de 2021).
Agregó que, con ello, se “establece importantes cambios en la estructura orgánica del municipio. Este acuerdo descentraliza el servicio de alumbrado público”. Dice que, con ello, se permite que la “Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá (EAAAZ) asuma la prestación de dicho servicio, convirtiéndose en la Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá (EPZ) E.S.P.”. Así se llama desde entonces.
Sin embargo, en esa presentación no se hace referencia a la nueva misión: adelantar procesos de Actualización Catastral. Meses después y como esa responsabilidad, aparentemente no podía ser asumida con cabalidad por la E.P.Z., en el municipio decidieron adelantar una convocatoria para “tercerizar” el procedimiento en cuestión.
Es ahí donde entra a operar el Consorcio Gestión Catastral Zipaquirá 2024 a quien le cancelaron cerca de 19 mil millones ($18.999.540.000), un monto que, necesariamente, sale del bolsillo de los contribuyentes.
Otras poblaciones han enfrentado inconvenientes similares; es el caso de Soacha y Girardot en donde los tributarios están lanzando duras observaciones contra los mandatarios municipales. En la primera de esas ciudades el tema pasó a mayores: la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) le aplicó fuertes sanciones (multas) por no aplicar los incrementos como lo dispone la norma.
De acuerdo con disposiciones nacionales, aunque varias de ellas son confusas y generan contradicciones, hoy se estima que los ajustes no deben superar el 200% del monto pagado la anterior vigencia. Eso no pasa en Zipaquirá y otras poblaciones de Cundinamarca; y el país.
Una de las pocas excepciones es, por ejemplo, Fusagasugá. Este municipio creó su propia Oficina de Catastro Multipropósito, un trámite que demandó inversiones por el orden de los $5 mil millones.
Así, Zipaquirá enfrenta un debate cuyo desenlace buscan de manera urgente los contribuyentes locales. Sobre el particular, este medio informativo solicitó a la Alcaldía, a la EPZ y el Concejo Municipal los pronunciamientos del caso.
