La Ciudadela Residencial Zuá, un proyecto de vivienda ubicado en Zipaquirá, Cundinamarca, se encuentra en el centro de una controversia legal que ha puesto en jaque su futuro. Lo que comenzó como una visión compartida para transformar dos lotes en una ciudadela moderna, se ha convertido en un enredo judicial que ha desviado la atención de su objetivo original.
Proyecto de vivienda en Zipaquirá
El proyecto, que inicialmente contemplaba la construcción de 1.800 apartamentos distribuidos en varias torres de 12 pisos, enfrentó su primer obstáculo cuando Cemex, una multinacional mexicana que había adquirido el 60% del proyecto con una inversión de 21.418 millones de pesos, decidió desvincularse por cuestiones de gobierno corporativo.
Esta retirada marcó el inicio de una serie de dificultades que llevaron a los socios fundadores a enfrentarse en los tribunales.
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Según información del medio "Infobae", Mario Combariza, Juan Carlos Arias y José Alejandro Concha, los socios originales del proyecto, señalaron a Juan Daniel Flórez Páez, director de la empresa constructora Ecoinsa Ingeniería SAS, por presunto incumplimiento contractual y administración desleal.
Según su denuncia, Flórez no habría cumplido con los acuerdos estipulados y habría dejado de informar sobre el progreso del proyecto, lo que llevó a un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El pasado 10 de noviembre, el tribunal falló a favor de los demandantes, condenando a Ecoinsa a pagar una suma total de 13.629 millones de pesos, además de asumir las costas del proceso, valoradas en 1.167 millones de pesos.
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Sin embargo, la resolución del tribunal no puso fin a la disputa, ya que Flórez presentó un recurso de anulación ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual fue rechazado el 28 de febrero, manteniendo la condena inicial.
Mónica Llinás, apoderada de Ecoinsa, defendió la posición de la empresa constructora, afirmando que el proyecto sigue vigente y que los denunciantes deben demostrar su inversión en la participación.
Según Llinás, todo se hizo con créditos respaldados por Ecoinsa, y los antiguos socios no habrían aportado dinero.
Ahora, los exsocios están preparando una nueva denuncia ante la Fiscalía por administración desleal y defraudación patrimonial, basándose en la presunta disposición ilegal de recursos millonarios. Aunque una denuncia previa por administración desleal no prosperó, la confianza en la justicia permanece intacta.
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Es importante destacar que las viviendas de interés social (VIS) son proyectos de construcción que buscan garantizar el derecho a una vivienda digna para los hogares con ingresos bajos, cumpliendo con normas de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y construcción sostenible.
Según el Ministerio de Vivienda, el costo de estas viviendas no debe superar los 135 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (Smlmv).
La meta establecida por el gobierno para la política de vivienda en este cuatrienio incluye:
- Comenzar la edificación de un millón de nuevas viviendas.
- Adoptar un enfoque integral con acciones dirigidas a simplificar el acceso a la vivienda para los hogares colombianos.
- Implementar mecanismos para asegurar la disponibilidad de terrenos urbanizables destinados a la construcción habitacional.
- Fortalecer el equilibrio entre la oferta y la demanda en el marco de la política habitacional.
Mientras la batalla legal en torno a la Ciudadela Residencial Zuá continúa, queda por ver cómo se resolverá este conflicto y si el proyecto podrá cumplir con su objetivo original de brindar viviendas accesibles a la comunidad de Zipaquirá.
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